Auto Constitucional postergaría procesos e intentos para suspensión de autoridades

Mediante el Auto Constitucional 720/2012 el Tribunal Constitucional Plurinacional respondió a la demanda de amparo presentada por el diputado de Convergencia Nacional (CN) Tomás Monasterios, dictando que las suspensiones de autoridades electas por efecto de los artículos 144 y 145 de la Ley Marco de Autonomías, quedan en reserva hasta que exista un pronunciamiento final desde esa instancia judicial.

Monasterios explicó a EL DIARIO que la acción de inconstitucionalidad abstracta que presentó ante la Comisión de Admisión del TCP fue contestada y admitida el 13 de agosto y en su primer punto cita “Resérvese en tanto se resuelva la acción impetrada”, lo que significaría que ninguna autoridad podrá ser suspendida de su cargo y para ello existen dos plazos, uno de 15 días para que se pronuncie el Legislativo y otro de 45 días hasta que el TCP defina el caso. Esta determinación, dijo Monasterios, también se aplica al caso del gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, sobre quien pesa una acusación que aún es analizada por la Asamblea Departamental cruceña.

“A tiempo de dictar el Auto Constitucional motivado admitiendo la presente Acción de Inconstitucionalidad Abstracta, pido a vuestras rectitudes que con la finalidad de evitar daños graves e irreparables, puesto que con la aplicación de los preceptos impugnados, se pone en serio riesgo no sólo el ejercicio de derechos y garantías fundamentales de los eventuales servidores públicos pasibles de dicha aplicación, sino también la institucionalidad y la legitimidad democrática de los mismos; en aplicación analógica del Art. 60 de la LTCP, dispongan la medida cautelar de suspender la aplicación de los Artículos impugnados entre tanto el TCP no dicte sentencia constitucional declarando la inconstitucionalidad de las normas impugnadas mediante la presente acción”, cita la demanda admitida por el TCP.

Asimismo, el diputado dijo que hoy se presentará en Sucre para agregar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre un caso de derechos políticos de Venezuela, para argumentar su petición de anular los artículos de la Ley de Autonomías que fueron aplicados en el país para suspender a gobernadores y alcaldes opositores electos desde los comicios regionales de abril de 2010.

“Queremos hacer conocer el documento que vamos a presentar mañana en Sucre, es un documento importante y necesario que sienta jurisprudencia dentro del ámbito de los tribunales internacionales de justicia. Estamos hablando de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que reconoce ampliamente, en un caso analizado y tratado, que la única forma para perder los derechos políticos es con sentencia ejecutoriada y no así con otro tipo de recursos legales y jurídicos”, manifestó.

Por su parte, el presidente de la comisión de Constitución de la Cámara de Senadores, René Martínez, restó validez a la admisión de la demanda interpuesta por el diputado Monasterios, dijo que esta admisión es parte del inicio de cualquier proceso que no implica su posterior aceptación.

“Una admisión de un recurso no implica ninguna valoración jurídica sobre el asunto de fondo, el hecho de que alguien haya recurrido ante un tribunal y haya abierto un proceso y este haya sido admitido es el primer paso normal ordinario que hace todo tribunal”, señaló Martínez a la ANF.