La presidenta de la zona Villa Dolores, Fátima Machaca, exigió al Municipio la instalación de cámaras de seguridad en su zona y a la Gobernación paceña que ejerza un mayor control a los alojamientos.
“Los vecinos de la zona de Villa Dolores nos encontramos alarmados porque en los robos efectuados en la zona ahora se menciona como implicados en dichos actos ilícitos a policías, aspecto que nos causa mayor temor porque estarían utilizando las instancias policiales como instrumento para efectuar sus crímenes en la ciudad de El Alto”, indicó la representante.
Agregado a ello, Machaca sostuvo que no se descartan las medidas de presión de los vecinos afectados para lograr que la Comuna atienda su pedido.
“Nosotros estamos coordinando y viendo la posibilidad de que se pueda llamar a los vecinos con la finalidad de presionar y determinar la instalación de cámaras de seguridad, esto podría controlar la actividad ilegal que se practica en la zona por parte de malhechores que se alojan en inmediaciones del lugar”, agregó.
En Villa Dolores, se registran más de 100 alojamientos, negocios que no son controlados por la Gobernación según denuncia de los ciudadanos que habitan el lugar, lo que permitiría que los criminales, incluso, puedan planear sus actos en la zona,
“Es en los alojamientos donde existe una concentración de criminales los cuales ocupan algunos cuartos en los días, porque en toda la jornada operan en las zonas y escapan a los alojamientos, allí se mantienen anidados sin que existan las batidas correspondientes en la zona para evitar la instalación de ciudadanos ilegales en el sector”, explicó.
Por otra parte, aseguró que una reunión de las zonas urbanas, entre ellas la 12 de octubre, Villa Dolores, Santiago I y Exaltación, se concentrará con el objetivo de efectuar un censo que logre definir la totalidad de ciudadanos peruanos, a quienes acusan de ser los causantes de los delitos, que ocupan viviendas, cuartos y los denominados alojamientos ilegales, de los cuales tenemos entendido no tienen documentación legal y gran parte de ellos cuando son detenidos en flagrancia, son liberados a las pocas horas.
“Nuestra zona se declara en estado de emergencia, hasta que se instalen las cámaras de seguridad y el control de alojamientos, de lo contrario los vecinos seremos quienes efectuemos los controles de los mismos, con el riesgo de que no podamos controlar a los vecinos”, aseguró la entrevistada.
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