Sectores responsabilizan a Cancillería por falta de resultados en caso Octubre Negro.
EL DIARIO y Agencias.- Ninguna autoridad quiso confirmar oficialmente la noticia. Todas las agencias y cadenas audiovisuales dijeron que la versión había sido confirmada por fuentes allegadas al Palacio de Gobierno, pero el hecho de que autoridades oficiales de Estados Unidos habrían rechazado la solicitud de extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada caló hondo en el sentimiento de la sociedad civil y provocó reacciones de la clase política.
Autoridades norteamericanas habrían oficializado ayer que la solicitud de extradición planteada por el Gobierno boliviano para que el exmandatario, acusado de la denominada Guerra del Gas y Octubre Negro de 2003, fue rechazada. Esta determinación obedecería a tratados bilaterales entre Bolivia y EEUU, que impiden que ciudadanos del país del Norte sean extraditados, tal es el caso de Sánchez de Lozada, quien cuenta con doble nacionalidad.
El abogado de los familiares de las víctimas de Octubre Negro, Rogelio Mayta, lamentó que haya tanto hermetismo en las instancias nacionales como la Cancillería, porque el caso se maneja sin brindar información a la parte interesada.
También dijo que la decisión de EEUU es política, dentro de sus derechos y atribuciones, pero que espera un comunicado oficial para analizar el caso y las medidas a ser asumidas.
“Hemos recibido la noticia con mucha indignación en el transcurso de los últimos minutos y horas estábamos con los familiares. La verdad es un sentimiento compartido por todos, aunque no nos sorprende mucho, de alguna manera lo veíamos venir por una parte conocíamos que en el acuerdo marco que se suscribió entre el gobierno de EEUU y Bolivia”, declaró.
“Es una deuda que tiene este Gobierno a la sociedad y a nuestro país y esperemos que puedan, en este sentido, seguir exigiendo con mayor énfasis, sólo así nosotros estaremos un poco tranquilos”, lamentó por su lado, Juan Patricio Quispe, hermano de Constantino Quispe, víctima de la masacre de 2003.
Sobre el caso, siete jefes militares y dos exministros fueron enjuiciados y sentenciados en junio pasado con penas entre tres y quince años bajo la figura de masacre sangrienta.
El dirigente político del Movimiento Sin Miedo (MSM), Edwin Herrera, dijo que ese frente político rechaza de manera categórica esa decisión, porque se “alimenta la impunidad” y se deja sin castigo a una cúpula acusada de haber cometido la figura de genocidio.
Herrera agregó que se pedirá al Gobierno que brinde explicaciones “si la acusación a Sánchez de Lozada y sus colaboradores en la masacre de octubre de 2003 está bien fundamentada y no abre resquicios para que se rechace el pedido de extradición”.
El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Jorge Medina, a través de su blog en Internet, lamentó la determinación y dijo que “de ser cierta esta información sería muy lamentable para el pueblo boliviano, para las familias que perdieron a sus seres queridos y que hoy siguen pidiendo justicia”.
Para el exdirigente de El Alto, Roberto de la Cruz, quien fue parte activa de las movilizaciones de octubre de 2003, el Gobierno tiene responsabilidad en este descenlace, porque en seis años de gestión no se avanzó tal como exigió la denominada agenda de octubre, planteada después de los hechos violentos que dejaron a más de 60 personas fallecidas por acción de las Fuerzas Armadas entre septiembre y octubre de 2003.
“El Gobierno tiene que explicar por qué durante más de seis años nunca fue su prioridad extraditar a Gonzalo Sánchez de Lozada. Si el Gobierno tiene dignidad tiene que expulsar a los diplomáticos de Estados Unidos para mostrar la indignación de Bolivia al mundo entero”, afirmó a ANF el actual asambleísta por La Paz.
DATOS
Respuesta del Gobierno:
La unidad de comunicación de Cancillería en contacto telefónico con EL DIARIO dijo que se emitirá un pronunciamiento oficial en las siguientes horas.
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