Extradición de Sánchez de Lozada
La oposición anunció que tomará medidas para que se esclarezca el manejo y avances que el Gobierno boliviano está realizando en el tema de la extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada. El MSM pedirá un informe a la Cancillería, mientras Convergencia prevé una auditoria del proceso legal del caso denominado Octubre Negro que ya lleva nueve años.
Por su lado, el presidente Evo Morales descalificó la decisión del gobierno norteamericano con reiteradas alusiones al país del norte.
El diputado de Convergencia Nacional (CN) Tomás Monasterios, dijo que acudirán a las instancias respectivas para indagar cuál es la situación del proceso legal instaurado por el Estado boliviano y las víctimas de los familiares de los masacrados en las jornadas de septiembre y octubre de hace nueve años.
“Lo primero que vamos a hacer es solicitar una auditoría al proceso, aquí no es responsabilidad sólo del gobierno estadounidense, acá no es que los yankees no quieren que vuelva Goni, aquí lo que pasa es que los masistas son inoperantes, ineptos en la administración de la diplomacia y la administración del derecho internacional y si hay que recurrir al Tribunal Supremo de Justicia lo vamos a hacer”, fustigó.
En tanto, el Movimiento Sin Miedo (MSM), a través de su secretario político Edwin Herrera y la diputada Marcela Revollo, anunciaron que se interpondrá una Petición de Informe Oral (PIO) al canciller David Choquehuanca, para establecer responsabilidades sobre el caso.
“Ratificamos nuestro repudio, nuestra profunda preocupación por el rechazo del gobierno norteamericano a la solicitud que se ha hecho para la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín para que se hagan presentes en nuestro país. Como MSM estamos solicitando al Canciller un informe oral para que a través de la comisión respectiva, informe al país sobre el proceso que el Gobierno ha seguido para solicitar las extradición”, manifestó Revollo.
Por su lado, el oficialismo reaccionó y apuntó sus declaraciones a cuestiones geográficas e institucionales, amenazando con pedir el “traslado” de las sedes de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) a países que sean “defensores de los derechos humanos”.
El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Galo Bonifaz, dijo que oficialmente están solicitando de que desde Bolivia se impulse “que los países miembros del Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe (Alba) y Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) se pronuncien para que cambien la sede de esas instituciones que están asentadas en Estados Unidos”, explicó.
Sobre el tema legal y estrictamente judicial, el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Jorge Von Borries, explicó que la decisión de EEUU responde a la doble nacionalidad de Gonzalo Sánchez de Lozada, por lo que no puede extraditar a un súbdito norteamericano y ante esta figura se tiene que buscar otras formas y mecanismos legales que suplan el exhorto planteado por la administración de Evo Morales.
Finalmente, el defensor del Pueblo, Rolando Villena, expresó su desacuerdo con el anuncio, aún no oficializado desde la administración de Washington, porque este es un tema que preocupa profundamente al país, “porque siendo un hecho de impunidad, cancela el acceso a la justicia y esto no puede quedar como un hecho aislado más”.
Según se conoció, la nota enviada por el gobierno de Barack Obama, establece que el caso de Gonzalo Sánchez de Lozada no puede involucrar a civiles en actos que desarrollaron las Fuerzas Armadas.
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