Gobierno quiere solucionar sin presiones problema de Colquiri

“La situación es tensa y si alguno de los sectores enciende la mecha esto explota”, expresó el ministro de Gobierno, Carlos Romero, al referirse al problema de Colquiri que enfrenta a mineros asalariados y cooperativistas.

Los técnicos del Gobierno esperan tener hasta hoy un cuadro de situación para saber qué cambió desde la emisión del primer decreto supremo y si se justifican algunos ajustes que tomen en cuenta a los dos sectores en pugna.

Los mineros asalariados, dinamita en mano, expresaron su protesta en la ciudad de La Paz la semana pasada y quieren volver a la carga tras el paréntesis de fin de semana. Por su parte, los cooperativistas adelantaron que movilizarán a todos sus efectivos en el país rumbo a La Paz para hacer sentir su protesta.

Romero explicó en el canal estatal que desde el martes se cumplen permanentes reuniones para solucionar el problema de adjudicación de la veta Rosario a uno u otro sector y las consecuencias que implicaría asumir esta medida.

El problema data del 19 de junio cuando se puso fin a un conflicto “en un momento dramático”, expresó Romero. Entonces se decidió conceder el permiso a la Cooperativa 26 de febrero hacer la explotación integral, a cambio de restituir cuatro vetas no trabajadas en favor del sector asalariado.

Tras emitirse el decreto supremo complementario 1337 surgieron los problemas por la diversa interpretación de los alcances. En la primera redacción se señalaba que el punto de referencia era una falla geológica al lado de El Rosario, mientras los asalariados objetaron posteriormente este punto al señalar que el punto de referencia era Canaviri, lo que implicaría que los cooperativistas perderían el 40% del terreno adjudicado.

Romero explicó que en la lectura de este decreto habrá que definir qué se hace con los dos ramales denominados Rosario N y Rosario D, que no están incluidos en el convenio. “La lógica indica que no se puede entregar la veta a uno y los ramales al otro sector”, explicó Romero.

El problema que ahora se analiza es la migración de los cooperativistas al sector asalariado. Antes del convenio, los cooperativistas eran 904 y los asalariados 602. En una primera migración, 431 cooperativistas habrían pasado al sector estatal y luego otros 138, de manera que actualmente en el sector cooperativo quedaría sólo 371 trabajadores.

“No es fácil llevar adelante una negociación de estas características y nacionalizar todo es colocarse una venda en los ojos, porque en cualquier negociación se debe tomar en cuenta a los dos sectores”, justificó Romero.

Los mineros dependientes de Comibol recordaron que de los 371 cooperativistas de la 26 de Febrero muchos son fantasmas y hasta figuran en esa lista los nombres de personas que han fallecido y que, de acuerdo con el convenio de junio, no podrían sumarse otros mineros provenientes de otros sectores del país a la cooperativa 26 de Febrero.

El ministro Romero informó que los cooperativistas se reunieron con el viceministro Pérez el martes y cuando se les cito al día siguiente para la verificación de nombres en el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) fallaron a la cita.

“Al Gobierno no se le puede poner un revólver en la cabeza a la hora de negociar, necesitamos unas horas más de análisis. Estamos en un periodo de amenazas y movilizaciones rumbo a La Paz y este procedimiento no favorece a nadie”, dijo la autoridad.

En Colquiri se mantiene el estado de tensión porque los asalariados continúan en el sector del retén y tienen cerrado los ingresos a la veta en litigio, pero los centros de munición están controlados por el Gobierno, que tiene por delante una semana tensa.