Poder dictatorial de los choferes

Como una sentida necesidad para aliviar las grandes dificultades que sufre la población paceña por el caótico problema del tránsito de vehículos y la urgencia de resolverlo, la Alcaldía dictó la Ley Municipal del transporte y su respectivo Reglamento, disposiciones que recibieron amplio apoyo de la opinión pública y las instituciones cívicas.

Tan acertada medida es objeto, sin embargo, de la irracional oposición de la Federación Sindical de Choferes y la Central única de Transporte Urbano, aludiendo argumentos contrarios a los intereses de la población, en especial destinados a mantener la anarquía del tránsito y, en especial, seguir abusando de quienes utilizan el transporte diario y que no tienen otro recurso que aceptar las pésimas condiciones de ese servicio y acatar, pese a todo, las imposiciones de los transportistas urbanos.

La actitud de las organizaciones de propietarios de vehículos de transporte ha llegado, en esa forma, a un nivel de imposición dictatorial, porque aplica, por vía de la fuerza, decisiones unilaterales y, así mismo, se considera un poder independiente que desconoce la autoridad de la ley. En esa forma, esas dos organizaciones se habrían convertido en una especie de Súper Estado que actúa a su libre albedrío, actitud voluntarista que sólo puede ser fruto de su carácter social.

En realidad, las organizaciones de choferes urbanos no tienen carácter de sindicatos de obreros, sino que se componen de propietarios de vehículos que generalmente los entregan para el servicio a trabajadores asalariados, quienes al final del día deben cancelar al dueño del vehículo una notable ganancia sin que, además, haya intervenido en el trabajo diario. Es más, esos obreros son explotados duramente, no gozan de beneficios sociales, trabajan hasta 16 horas al día, vale decir que son prácticamente una especie de esclavos.

En esa forma, los llamados sindicatos de choferes no serían tales, sino que se han convertido en “corporaciones” de propietarios de vehículos que tienen bajo su dependencia a obreros asalariados, que son objetos de explotación y los cuales, además, no pueden organizarse en auténticos sindicatos y, a la par, están olvidados de la atención del Estado, que también es expresión de intereses corporativos.

Bajo esas características, los choferes han llegado a convertirse en una fuerza política por encima del Estado y sus procedimientos han pasado a niveles de imposición (algunas veces fascistas), como desconocer leyes que amparan a los usuarios. Por esa actitud de prepotencia, rechazan las disposiciones de la Municipalidad, pero lo peor es que quieren seguir causando daños al público que utiliza el transporte.

Finalmente, hay que convenir que el transporte público se ha convertido tal vez en el único y el más lucrativo empleo del país. Es más, al actuar con base en imposiciones, goza de impunidad en detrimento del pueblo, pese a sus solemnes ofertas de subir el precio de los pasajes a cambio de mejorar el servicio, reparar asientos, proceder a la limpieza diaria, aumentar la eficiencia y otros.

De ahí que la resistencia inmotivada a acatar el Reglamento del Transporte y proceder a un nuevo bloqueo de calles, debe ser revisada y acatar el cumplimiento de esa disposición, ya que el argumento de que “los interesados no fueron convocados al estudio de la disposición”, únicamente conlleva intereses corporativos peligrosos para el país y los usuarios.