Relator de ONU pide analizar compatibilidad entre la Ley 045 y la libertad de expresión

EL DIARIO y ANF.- El relator especial contra el racismo y la discriminación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Mutuma Ruteere, pidió que el Órgano Judicial boliviano se pronuncie sobre la compatibilidad de la Ley antirracismo 045 y la libertad de expresión, en el marco de la Constitución Política del Estado (CPE) y los tratados internacionales suscritos por Bolivia.

El pronunciamiento se dio durante la última jornada de visita al país, donde destacó los avances logrados en esta problemática, pero que advierte preocupación porque este tema vuelve a generar debate tras el proceso de aprobación y promulgación de esta norma en 2010, en medio de los cuestionamientos de los sectores representativos de la prensa nacional.

“En última instancia, compete al Poder Judicial de Bolivia pronunciarse sobre la existencia o inexistencia de la compatibilidad entre la Ley 045 y la obligación de proteger la libertad de expresión, de conformidad con las disposiciones de la Constitución Política del Estado y las obligaciones contraídas por Bolivia con apego a las normas internacionales de los derechos humanos”, sugirió el asignado internacional.

En tanto, los representantes de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), la Asociación Boliviana de Radiodifusión (Asbora), la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), entre otras instituciones sindicales y profesionales, expresaron a Ruteere su preocupación por la demanda interpuesta por el gobierno de Evo Morales a la Agencia de Noticias Fides (ANF) y a los periódicos “Página Siete” y “El Diario”.

Juan León Cornejo, secretario Ejecutivo de la ANP, entregó a Ruteere un detallado informe sobre el caso y denunció la utilización de la Ley contra el Racismo en su acusación contra los tres medios.

En una carta entregada a Ruteere, los directores de los tres medios y el directivo de la ANP reiteraron la “firme vocación democrática” y el “respeto irrestricto” de la prensa nacional a la Ley de Lucha contra el Racismo y toda Forma de Discriminación, vigente desde 2010.

“No podemos dejar de lamentar, sin embargo –agregaron-, que el temor expresado por los medios y los periodistas bolivianos cuando se elaboraba esa norma se haya confirmado con el intento de enjuiciar a tres medios en base a los artículos 18 y 23 de dicha ley”.

“Esa decisión oficial, cuestiona la nobleza moral de esa ley a la que brindan su apoyo incondicional los medios de prensa de Bolivia porque comparten sus principios y valores”, concluyeron.

Finalmente, la fiscal Susana Rodríguez, quien lleva adelante el caso interpuesto por el Ministerio de la Presidencia contra tres medios de comunicación bajo la figura de supuesta instigación al racismo y la discriminación, al difundir notas sobre palabras que emitió el mandatario Evo Morales, anunció que en esta jornada se pronunciará sobre la jurisdicción a la cual se derivará la denuncia, sea la Ley de Imprenta o la justicia ordinaria mediante el Código Penal.