Hace cuatro años se producía uno de los capítulos más negros en la historia del departamento de Pando. Las pugnas políticas llevaron a un enfrentamiento que dejó muerte y dolor en sectores campesinos y cívicos. Después de este tiempo aún no existen responsables identificados y el Gobierno sólo apunta a suponer culpable a una exautoridad encarcelada durante todo este tiempo sin avance procesal.
El campo estaba minado de odio, tras las posiciones encontradas entre los sectores campesinos afines al oficialista MAS que anunciaban su ingreso a Cobija, mientras los cívicos de esta región veían el peligro y luego amenazaban con no dejarlos pasar.
Para evitar esta confrontación se cavaron zanjas, que luego fueron interpretadas como “una trampa” para “masacrar” a los caminantes. La entonces Prefectura del Departamento dijo no tener esa intención y recordó que las primeras bajas mortales se dieron en el lado cívico.
Hoy, a cuatro años de estos confusos hechos, la justicia no puede avanzar, por falta de pruebas o por las denominadas “chicanas” jurídicas, mientras la verdad está oculta y los responsables sin ser identificados con meridiana claridad.
El senador de Convergencia Nacional (CN) Luis Pedraza, dijo que Leopoldo Fernández no está detenido en calidad de responsable de los hechos luctuosos sino como un preso político sin sentencia y sin que el juicio avance; “en cambio, los presuntos responsables como el exviceministro de coordinación con Movimientos Sociales, Sacha Llorenti y el general de Ejército (Freddy) Macay fueron premiados con delegaciones en el extranjero”, dijo en alusión al plan militar denominado “Marcha hacia el Oriente”.
“Ninguna de las acusaciones ha podido comprobar todos los presos políticos que emergen de esos hechos, que están todavía sin juicio y sin sentencia guardando una pena y esto confirma que fue todo armado en una tramoya política, que finalmente se concretó en un hecho provocado por el Gobierno”, agregó el senador.
Meses después de los enfrentamientos de Porvenir, se dio a conocer un video en el que el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, arremete con duras críticas contra Fernández Ferreira, además de emitir palabras (“lo vamos a enterrar con los gusanos”) que la oposición interpretó como la prueba que estas acciones fueron planificadas con fines políticos para debilitar y judicializar a la oposición cívico – prefectural de la “media luna”.
Por su lado, el abogado Freddy Panique, miembro del Comité Impulsor del juicio contra Fernández, en lo que los oficialistas denominan la “masacre” de Porvenir, en contacto con la agencia gubernamental ABI, aseguró que los acusados “no son presos políticos, sino con probabilidad autores intelectuales de la emboscada-matanza de 13 personas, el 11 de septiembre del 2008”.
“El Comité Impulsor y el Ministerio Público hacen prevalecer en el juicio oral y público que se trata de un proceso ordinario y no político”, complementó.
Según la investigación, de 26 procesados, 8 están consignados en el proceso penal; el resto se encuentra en Brasil. En esa misma línea se pronunció el fiscal Eduardo Morales, que investigó la masacre de Porvenir y que afirmó que en el juicio están probando que el ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández y los 25 coimputados, “no son presos políticos sino, con probabilidad, autores intelectuales de la matanza”.
DATOS
- Luego de los hechos, se declaró Estado de Sitio en Pando, y a los dos días se ordenó la aprehensión de Leopoldo Fernández, quien cumplirá pasado mañana cuatro años de reclusión sin avance procesal.
- El proceso legal se inició el 18 de septiembre de 2008 bajo la figura de delitos de lesa humanidad tras la muerte de al menos de 13 personas y otros 54 heridos.
- Durante este tiempo se presentaron 48 testigos de cargo y sólo uno de 54 de descargo.
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