Sucre, (ANF).- Procesados en el caso “24 de mayo” presentaron, este martes, un incidente procesal que pretende frenar el inicio del juicio oral en el asiento judicial de Padilla, el cual está previsto que sea instalado mañana, miércoles, con la actuación de un nuevo Tribunal de Sentencia.
El abogado Luis Ayllón, quien oficia de apoderado de uno de los imputados, anunció la presentación de un incidente de “inhibitoria de competencias” contra el tribunal de juicio oral, el cual fijó para este miércoles la convocatoria a una primera audiencia que se desarrollará en ambientes de la casa parroquial de Padilla, a 185 kilómetros de la ciudad de Sucre.
El letrado reclamó por la aparente ilegalidad del traslado de sede del juicio, y sostuvo que el reclamo busca lograr que un juez pueda enmendar esa falla procesal para reestablecer la legalidad en el desarrollo de las audiencias.
Ayllón dijo, asimismo, que “no existen garantías” contra los acusados que se trasladarán a la localidad de Padilla, y que por ello se está solicitando, además de la revocatoria del traslado de sede del proceso, la concesión de todas las seguridades para la integridad física de los involucrados en este proceso.
Entretanto no se conozca la resolución de un juez, el juicio oral podría quedar nuevamente en suspenso, e inclusive retornar a su sede inicial en caso de que esa autoridad acepte el reclamo de los imputados.
Por otra parte, la Fiscalía de Chuquisaca anunció este martes que solicitará la detención preventiva de todos los acusados en el caso debido a que éstos habrían incurrido en “incumplimiento” de las medidas sustitutivas que se les aplicó durante el primer proceso.
Uno de los fiscales del caso, Gustavo Carrión, afirmó que “los sujetos procesales no se someten a las disposiciones judiciales”, y que en muchos casos, quienes fueron beneficiados con la medida de arraigo, no habrían cumplido con los requisitos mínimos de esa disposición judicial.
Por otra parte, el Comando Departamental de Policía informó que dispuso el traslado de un contingente de veinticinco policías, al mando de un coronel, el cual tendrá a su cargo el resguardo de la seguridad de las audiencias en previsión de cualquier incidente que podría producirse.
Entre los procesados por los vejámenes y abusos contra campesinos se encuentran, entre otros, el exrector Jaime Barrón; la ex alcaldesa de Sucre, Aydé Nava; la exprefecta Savina Cuellar; el exdirigente cívico, John Cava y el exconcejal Fidel Herrera, además de otros ex dirigentes cívicos y estudiantiles opositores al gobierno.
Los acusados han negado desde un principio su responsabilidad en la golpiza y los vejámenes que sufrieron el 24 de mayo de 2008 un grupo de campesinos que, ese día, tenía previsto asistir a una concentración política organizada por el Gobierno, y en la que debía entregarse un lote de ambulancias para distintos municipios de Chuquisaca.
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