El Congreso de la Asociación Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) determinó expulsar a Sacha Llorenti, quien fuera miembro de esta entidad, y le ha prohibido utilizar esta sigla en su currículum. La opositora Convergencia Nacional (CN) asegura que esta expulsión de Derechos Humanos es una muestra más de las “manchas” que envuelven su designación.
El secretario de la Asamblea Nacional de DDHH, Alipio Valdez, explicó que la decisión se dio porque existen indicios y denuncias contra Llorenti que demostrarían que fue en contra, o que violentó los postulados de la defensa de los derechos humanos.
“Se supone que quienes somos defensores de los derechos humanos estamos en todo momento en esa defensa, incluso cuando asumimos cargos en instituciones públicas”, enfatizó.
El XVI Congreso realizado en Tarija determinó además, que el recientemente nombrado embajador de Bolivia ante la Organización de naciones Unidas (ONU), no siga utilizando el nombre de la Asamblea, “ni para asuntos personales ni tampoco experiencia profesional en currículo” y se anuncia que presentarán una petición para que no admita esa designación.
La oposición conoció esta resolución e inmediatamente se pronunció apoyando la determinación, porque consideran que Llorenti vulneró en reiteradas oportunidades los derechos civiles durante los conflictos sociales que le tocó enfrentar y sofocar.
El jefe de bancada de Convergencia Nacional (CN) en la Cámara de Diputados, Luis Felipe Dorado, manifestó que la decisión contribuye a decirle al mundo “quién es en realidad” el exministro y hombre de confianza del presidente y el vicepresidente del Estado.
“Esta expulsión de Llorenti de la Asamblea de DDHH, de la que fue presidente antes de ingresar al gobierno, enaltece a esa institución y se convierte en una mancha más para la vergonzosa designación del principal sospechoso por la represión en Chaparina y Caranavi”, dijo.
Finalmente, la Apdhb ratificó a Yolanda Herrera como su presidenta por otra gestión, según informó a ANF la presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos de Tarija, Gladys Sandoval.
Sacha Llorenti fue miembro de la Asociación Permanente de Derechos Humanos de La Paz (Apdhlp) y sucedió en el cargo a Waldo Albarracín, quien pasó a ser Defensor del Pueblo tras la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada.
Después se sumó al denominado “proceso de cambio” y fue nombrado viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales cuando Evo Morales asumió la presidencia de la República en 2006.
Sobre Llorenti pesan varias denuncias sobre vulneración a los derechos humanos desde que asumió el cargo de Ministro de Gobierno. Los más connotados son las consecuencias de los enfrentamientos en Caranavi en mayo de 2010, donde dos jóvenes perdieron la vida producto de disparos presumiblemente dirigidos desde la Policía. El informe del Defensor del Pueblo asumió que hubo inacción y responsabilidad de su parte.
En septiembre de 2011, la Policía volvió a actuar con violencia y reprimió a la octava marcha de indígenas en la población de Chaparina, poco antes de llegar a Yucumo. Sobre este caso, donde hubo decenas de personas heridas y contusas, el entonces ministro negó su responsabilidad y la delegó a una supuesta ruptura de mando.
En ambos casos, el oficialista MAS cerró filas para defender a Llorenti y las autoridades no vieron inconvenientes para que el polémico personaje sea nombrado con un cargo representativo en Washington, sede de la ONU.
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