Piden competencia leal entre empresas públicas y privadas

Mediante un documento declarativo, la Cámara Nacional de Comercio afirmó que es necesario que la nueva Ley de Inversiones establezca claramente el concepto de la “competencia leal” de los actores públicos y privados en el mercado, así como los criterios de incentivo de inversiones privadas.

“Adicionalmente el entorno internacional se está modificando, hoy los países compiten por la atracción de inversiones y establecen políticas públicas claras y beneficiosas para las mismas, sobre las cuales cimientan sus estrategias de crecimiento”, indica la nota refrendada por los representantes de todas las cámaras de comercio del país.

Añade que es necesario que la nueva Ley de Inversiones debe constituirse en un paraguas para todos los emprendimientos empresariales que atraigan y protejan tanto los capitales extranjeros como los nacionales.

“Debemos lograr que esta norma estimule el crecimiento y el desarrollo productivo y establezca las bases para la creación y mejora de calidad de empleos”.

Los presidentes y gerentes de las cámaras de comercio reiteran que es necesario pasar de la retórica a la práctica en la competencia por la atracción de inversiones, en base al aprovechamiento de los recursos naturales promoviendo su sostenibilidad con valor agregado, de tal modo que la sociedad sienta los beneficios de estas inversiones en la economía en general y en su economía personal.

“Es importante establecer claridad y fomento de las zonas francas ya existentes, en especial la de Cobija, puesto que toda una región depende de ello, como una estrategia de crecimiento fronterizo que beneficie al país”.

Los representantes de estas entidades coinciden en que la nueva Ley de Inversiones debe otorgar incentivos tributarios, laborales, medioambientales, financieros y de comercio internacional a los inversionistas.

La norma, según los firmantes, también debe establecer garantías a la inversión efectivamente realizada en un contexto contractual de estabilidad jurídica y de respeto a los tratados bilaterales y multilaterales. “El Estado debe otorgar a los inversionistas garantía de no expropiación bajo cualquier modalidad, excepto cuando deba imponerse por causa de necesidad o utilidad pública”.

El manifiesto público explica que en el marco de las garantías también debe establecerse la posibilidad de acudir a medios alternativos de solución de controversias, como ser la conciliación y el arbitraje entre otros.

“El espíritu que nos lleva a plantear la presente declaración, es nuestro anhelo de construir en conjunto una Bolivia productiva, competitiva, inclusiva y sin pobreza de forma tal que el desarrollo económico y social se democratice hacia todos los ciudadanos”, concluye la nota.