Conflicto de Colquiri, un ejemplo peligroso

Las posiciones radicales que han mostrado cooperativistas y mineros asalariados de Colquiri, alegando derechos de explotación de las minas que logran una producción importante de estaño, plata y zinc, se ha convertido, en las últimas semanas, en un problema que implica seria preocupación para la colectividad y es, además, un pésimo ejemplo para el futuro.

Los hechos protagonizados por ambos grupos de mineros sobrepasan los límites de las leyes y muestran posiciones radicales que podrían comprometer la seguridad y tranquilidad del país, especialmente si se tiene en cuenta que hay mineros de otras regiones que apoyan las acciones de los trabajadores asalariados. Cada sector de los cooperativistas alega derechos para explotar los yacimientos y, por su parte, los mineros asalariados demandan el cumplimiento de compromisos que habrían logrado con el Gobierno para explotar parte de los yacimientos y que, dijeron, los convenios fueron marginados de las conversaciones.

Lo grave de esta situación, y ahí radica el ejemplo pernicioso que se sentaría para el futuro, es que el Gobierno, “dejó la solución del problema en manos de ambas partes de trabajadores”. Se consideró que son ellos los encargados del diálogo y de convenir remedios a una situación peligrosa y contraria al mismo sector. La verdad es que deberían ser las autoridades las que, convocando al diálogo y dirigiendo las conversaciones por los caminos de la concordia y la conciliación encuentren las mejores soluciones.

El problema, así se haya encontrado remedios para el tema que lastimó a toda la población por los extremos a que han llegado ambos sectores, sienta precedentes que podrían ser funestos no sólo para los trabajadores del sector sino para la minería en general y para el país en su conjunto, porque no sería raro que en el futuro, atenidos a que “las soluciones deben ser encaradas por las partes en conflicto”, surjan sectores que desconozcan a las autoridades y traten de encontrar remedios para sus diferencias, pero con la diferencia de que ese diálogo entre partes no sería suficiente para sentar bases de concordia que deben existir entre todos los trabajadores del país, pertenezcan al sector que sea.

El Gobierno, pues, cometió un serio error al declarar la transferencia del grave problema al diálogo entre las partes, sabiendo que ello se hacía difícil por las posiciones encontradas que han primado en muchos días y que tendían a asumir proporciones de mayor gravedad. Las autoridades no deben soslayar su concurso en ningún conflicto que demande su presencia y capacidad para hallar los caminos de entendimiento, mediante acuerdos basados en la equidad y la ecuanimidad, con miras a imponer la justicia, pero con participación obligada de las autoridades señalas por ley.

Es de esperar que lo planteado por algún alto funcionario haya sido un “lapsus lingue” que no debe repetirse; de otro modo, el pueblo y mucho más las partes conflictuadas, se preguntarán: ¿si no hay intervención gubernamental, para que están? La verdad es que cada funcionario de jerarquía debe atender los problemas que corresponda a su sector y no desligarse de lo que, de todos modos, es de su responsabilidad.