Apdhb denunciará a Llorenti ante la ONU y Delgado afirma que “es una ONG más”

Al ser consultada sobre la reciente expulsión del exministro de Gobierno, Sacha Llorenti, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Bolivia (Apdhb), la presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, afirmó que esa instancia es una Organización No Gubernamental (ONG) más en el país, por lo que descartó que la decisión asumida tenga alguna relevancia.

“La Apdhb es una ONG más y siendo así, puede tomar las determinaciones que le corresponda, que quiera hacer como ONG que mucho hacen de las personas que están llevando el liderazgo. A nivel nacional esta instancia tiene un liderazgo, pero internamente hay liderazgos disidentes”, dijo.

Para Delgado, la postura de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Bolivia (Apdhb), no tiene relevancia alguna porque corresponde a una organización privada.

“Uno de los temas que trata esta Asamblea son los derechos humanos, pero Sacha Llorenti ha cumplido otras funciones. (Habría que) saber si esta postura de la Apdhb le resta o le suma apoyo o méritos al nuevo cargo de Llorenti; es una valoración muy subjetiva”, manifestó.

En respuesta, el representante de Nueva Alianza Bolivia (NAB), Amilcar Barral, publicó en su cuenta de red social una crítica a la postura de Delgado, haciendo referencia a la época en que los miembros del ahora partido gobernante apelaron a la Apdhb, con el objetivo de denunciar la supuesta vulneración de los derechos humanos, durante el gobierno del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada.

“Para derrocarlo a Goni, eran la carne cañón, pero como ya no les sirve (la Apdhb), entonces así nomás es”, cita.

El último congreso de esta instancia, realizado en la ciudad de Tarija, determinó ratificar a Yolanda Herrera como presidenta de la Apdhb y ratificó la expulsión del exministro de Gobierno, Sacha Llorenti, aunque luego se habló de una negativa para que esta autoridad siga utilizando en su currículum la sigla de la entidad.

Asimismo, se anunció que esta instancia pedirá que la ONU no acepte la designación del nuevo Embajador representante por Bolivia, además de acusarlo como responsable, en diferente grado, de los hechos de Caranavi (La Paz, 2010) y Chaparina (Beni, 2011).

La exautoridad es cuestionada además por denuncias por el caso que implicó al exgeneral René Sanabria, quien fue detenido por tráfico de sustancias controladas en EEUU.

El Gobierno ratificó su respaldo a Llorenti en cada uno de los casos denunciados, argumentando que no existen pruebas y que sólo se trata de empañar el proceso de cambio al cual el exministro de Gobierno y exactivista de derechos humanos “siempre fue fiel, comprometido y consecuente”.

Como prueba de esta afirmación, semanas antes de ser nominado como nuevo embajador de Bolivia ante la ONU, Llorenti presentó un libro titulado “La verdad secuestrada” que hace un compendio de titulares de periódicos y describe la relación de la propiedad de los medios privados de comunicación, sosteniendo que éstos son opositores al régimen del Movimiento Al Socialismo (MAS) y que difunden campañas políticas de desprestigio contra el presidente Evo Morales y el denominado “proceso de cambio”.