Presupuesto y otros problemas universitarios

Como es costumbre en cada gestión, las universidades públicas han lanzado su reto para que el TGN incremente sus presupuestos en el orden del 15% de modo general, y en días pasados las de Cochabamba, Sucre, Potosí y Oruro se movilizaron en ese sentido. Sin embargo, en ésta última ciudad la carrera de Derecho realizó una contramarcha por considerar que sólo se busca el incremento de sueldos de docentes.

Por supuesto, dichos estudiantes no son los únicos que se oponen a la petición encabezada por el CEUB, sino que la opinión pública ha reaccionado negativamente al incremento teniendo en cuenta que estas universidades en ocho meses de la presente gestión ejecutaron un escaso 32% de lo presupuestado. El 48% del gasto corresponde a pago de salarios o sea 2.000 millones de bolivianos. El sistema universitario el 2011 recibió del TGN 2698 millones de bolivianos y el 2012 está percibiendo 2842 MM., habiendo acumulado al presente en cuentas bancarias 2.036 millones en moneda nacional, lo que significa o que no tienen capacidad de inversión o no saben en qué gastar.

Los números no engañan y la realidad es la expuesta. Los anteriores son los criterios que ha hecho suyos el ministerio de Economía Nacional, rechazando la negociación global y optando por entenderse por separado con las universidades que requieran algún auxilio económico. Sin embargo, lo justo sería repartir mejor la asignación global del TGN, a favor de las Casas de Estudio más necesitadas -si las hay- y no incurrir en nuevos reajustes. La objetividad de estos argumentos ha determinado que los portavoces universitarios no sigan insistiendo en el inicial 15%, sino ahora en el 8%.

El sistema universitario alega que sus requerimientos se dirigen básicamente a tener que atender el incremento vegetativo de la población estudiantil y que para ello precisa más infraestructura y docentes. Lo cierto es que vivimos una saturación de nuevos profesionales que no encuentran trabajo, de los que algunos optan por buscarlo en el exterior. A esto se agrega que la mayor presión de matrícula se dirige a las carreras tradicionales como derecho, medicina, auditoría, comunicación y a la no menos saturada carrera de informática. Estamos ante un problema de planificación que no se limita al ámbito universitario sino que atinge al interés nacional, aunque no lo admita así la “autonomía”.

La Confederación Universitaria de Docentes (?) reclama también que se permita percibir salarios por encima de los del Presidente del Estado y le “conmina” al respecto para impedir el éxodo de las eminencias de su gremio, además de razones de “equidad y justicia social”. Pero el tema presupuestario no es el único ni el más importante, sino el modo en que son manejadas ciertas carreras en no pocas universidades del sistema. Éstas han perdido el sentido de la pluralidad de ideas en el que se basa la universidad moderna, para convertirlas en feudos que giran alrededor de grupos infranqueables y exclusivistas. Nadie que no pertenezca a dichas capillas o no se congracie con ellas (no se sabe hasta qué punto), puede aspirar a dictar clases pese a conocimientos, títulos y trayectoria que posea.

Tales factores derivan en la mediocre formación de los futuros profesionales, incluyendo la degradación ética por el mal ejemplo que reciben, se dice desde un ingreso bajo formas similares a las denunciadas de la Universidad Policial y de otros establecimientos, a lo que se suma el comercio de calificaciones y la falta de respeto al alumnado femenino, etc. Por ahora no tenemos a la mano comparaciones acerca de la calidad formativa a nivel latinoamericano, donde, sin duda, se revelaría el pobre estándar de nuestras Casas Superiores de Estudio, situación que no afecta sólo a estas entidades públicas.