El alcalde Luis Revilla, acudió ayer a presentar su declaración informativa ante el fiscal, José Ángel Ponce, de la División de Corrupción Pública de la Fiscalía de La Paz, por un proceso judicial iniciado por el senador Eugenio Rojas (MAS).
“Es bueno que la opinión pública conozca cómo los propios senadores y dirigentes del MAS están instigando a que los particulares inicien procesos penales contra el Alcalde, como en este caso, se trata de un tema administrativo”, dijo tras presentar sus declaraciones.
Este proceso judicial fue iniciado por el senador Rojas, tomando un caso de trámite administrativo del ciudadano Jorge Cuiza por una supuesta afectación a un predio el año 2002 en la zona de Miraflores. Dicho caso habría sido convertido en un proceso penal y “político” en contra de la primera autoridad edil.
“Es un tema desde hace 30 años de un señor que viene reclamando que el Gobierno Municipal le entregue un certificado catastral, y no entregamos el certificado catastral porque el señor no puede demostrar su propiedad en la totalidad. Él tiene la propiedad de una parte del predio, pero la otra parte es propiedad de la Alcaldía”, subrayó Revilla.
El Burgomaestre indicó que acudirá a todas las convocatorias del Ministerio Público para aclarar sobre los 21 procesos instaurados en su contra, los mismos que tendrían la intencionalidad de desacreditar la imagen de la gestión municipal.
“Voy a acudir todas las veces que el Ministerio Público me convoque. No tengo ninguna preocupación respecto a mis actos, pero esto está demostrando una vez más cómo se pretende utilizar a la justicia para fines políticos”, finalizó la autoridad.
Revilla recordó que hasta la fecha tiene 21 procesos judiciales en su contra y que a su criterio tienen un carácter político, debido a que muchos de los denunciantes habrían sido promovidos e instigados para que presenten procesos en contra de las autoridades municipales paceñas.
El concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS) Jorge Silva, instó al alcalde Luis Revilla asumir su defensa por las denuncias de supuesta ilegalidad del pago de bonos a trabajadores municipales, además de demostrar la presunta persecución política que denunció el burgomaestre.
“Es función de la Contraloría fiscalizar la utilización de los recursos públicos y emitir un informe, y será la justicia ordinaria que determine responsabilidades. Y si Luis Revilla demuestra que es inocente, que los bonos fueron legalmente pagados y que ésta es una persecución política, tiene ahí las puertas abiertas”, afirmó.
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