Gobierno y empresarios

Ahora parecen tener otra visión los mandatarios del Estado. El Presidente, que mostraba poca inclinación a la empresa privada y la economía productiva, el mes pasado dio un giro en su conducta, visitó las dependencias de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y entre varios temas tratados, aparte de comprometerse a respetar inversiones, se ha puesto a elaborar una nueva Agenda Económica para dar a Bolivia una Ley de Bancos y otra Ley de Inversiones.

El primer mandatario asistió a esta reunión solo, prescindiendo de la presencia del Ministro de Economía y Finanzas, que días antes había arremetido contra los empresarios con “reproches” y fustigaciones, tildándolos de “privados domésticos” por no invertir capitales en Bolivia.

En la Asamblea Legislativa muchos parlamentarios masistas, con sus suplentes y asesores, por falta de conocimientos en más de seis años no han podido redactar artículos, terminar de revisar y aprobar una Ley de Inversiones consensuada.

Lastimosamente, Bolivia no tiene una Ley de Inversiones, Ley de Competencias, Ley de Exportaciones y Ley de Defensa del Consumidor. El país carece de institucionalidad, competitividad y seguridad jurídica. Es pésimo el clima para captar capitales de inversionistas extranjeros y nacionales que alegan falta de seguridad legal para operar en Bolivia conflictiva, convulsionada y con contradicciones en la política económica.

El segundo mandatario, que mostraba repulsa, especialmente, en relación con Santa Cruz, también dio otro giro, pues recordemos que había planteado, según medios de comunicación de México, en abril pasado, el tratar de eliminar la base económica del oriente y quitar a la empresa privada cruceña el control de la economía amazónica.

Pero hace pocos días, intempestivamente, se reunió en Santa Cruz con el sector de empresarios de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) para analizar una agenda productiva con especificaciones, por lo que se dice que habrá dos proyectos de ley para liberar exportaciones y se habilitará líneas de crédito para el productor.

Al mandatario de una nación avanzada lo primero que le preocupa es la economía de su país, luego la política. En Bolivia, desde 2006 se hace lo contrario, primero es la política, copar los poderes del Estado y después la economía y el desarrollo.

Empero, habrá que insistir, no hay inversión extranjera ni nacional por temor, ya que se pide garantías para invertir, pero luego no se las respeta. El Gobierno debería aplicar una política nacional de desarrollo productivo, brindar seguridad a inversiones, antes que alentar la reversión de concesiones mineras. Se observa mucha condescendencia con mineros intransigentes que piden -a fortiori- “nacionalización” de minas. Se tolera demasiado a los avasalladores de tierras privadas, como ocurre en El Alto y el Oriente. Mineros, cocaleros, campesinos e indígenas tienen que pagar impuestos.

Los países del ALBA encabezados por Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Islas del caribe y otras regiones tienen menos seguridad para inversiones. Bolivia es considerada el tercer peor país para hacer inversiones, después de Haití y Venezuela, que es un mal país para negocios en América Latina, según un informe de Doing Business del Banco mundial.

El primer mandatario solicitó, antes de hablar con los empresarios, propuestas para potenciar y diversificar el aparato productivo nacional, no hubo respuesta. El 18 de julio pidió ayuda a empresarios, que son el motor del país, para reducir la pobreza. El pasado mes, otra vez, apuntó el Presidente a potenciar la economía del país, pero ¿cuándo?

La “agenda patriótica”, un programa de gobierno, un plan político electoral para gobernar hasta el 2025, propone reducir la pobreza, industrialización, alimentos, servicios, tecnología. Esperar 13 años más para tal cometido, es una señal distraccionista, cálculo político, dice el pueblo boliviano.