Se exige cambios en la justicia y la Policía

Uno de los postulados del Gobierno actual fue crear un nuevo sistema de justicia que deje atrás un cúmulo de lacras como la corrupción, retardación, prevaricato y una serie de delitos que se denunció en la práctica de la actividad judicial en Bolivia. Al respecto se manifestó que esos problemas serían solucionados con la adopción de un “nuevo sistema judicial”.

Por otro lado, también el programa de la tienda partidaria en el poder ofreció, entre diez propuestas que hizo el año 2010, hacer realidad la “seguridad ciudadana” mediante el “endurecimiento del marco legal para castigar el delito” y trabajar “con tecnología preventiva contra la inseguridad y fortalecer la Policía en número y equipamiento para llevar la seguridad a todos los barrios”.

La forma para poner en práctica tan ambiciosos objetivos fue renovar en todos los niveles a los funcionarios del Poder Judicial (ahora llamado Órgano Judicial) mediante el procedimiento de la elección popular, medida que fue aplicada con optimismo, aunque con las observaciones y críticas de la opinión pública, que consideró que ese método no tendría resultado y, por el contrario, continuaría existiendo un Órgano Judicial con las mismas características que las del tiempo anterior.

Pese a diversas fallas que registró la “elección popular” para nuevas autoridades judiciales -como que los candidatos perdedores resultaron ganadores-, la ciudadanía consideró, finalmente, con algunas esperanzas, que arraigadas taras de vieja tradición de la justicia no volverían a presentarse o que, por lo menos, se atenuarían y, en esa forma, el saneamiento de la justicia tendría grandes resultados para la salud pública.

Empero tan profundas esperanzas populares están quedando, al parecer, relegadas, pues el pueblo boliviano no encuentra, pese al tiempo transcurrido de más de dos años, en las soluciones en aplicación ningún resultado positivo y, por tanto, el Órgano Judicial sigue tan igual y quizás peor que antes y que nada cambió.

La apreciación anterior tiene el respaldo objetivo de los hechos, ya que los litigantes en general siguen afirmando que las deficiencias en el Órgano Judicial continúan produciéndose en la misma forma que durante el “régimen neoliberal” que le antecedió, pues continúan la retardación, corrupción, prevaricatos, burocracia, etc., por citar sólo algunos problemas.

Pero, por si fuera poco, esos hechos fueron captados por el presidente Evo Morales, quien, en oportunidad de posesionar al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, denunció que “internamente en la justicia y en la Policía” se registran actos de inconducta que afectan a la sociedad.

Es más, el primer mandatario recomendó una “depuración” en el interior del sistema judicial, así como en la Policía. Agregó que “también es importante internamente en la justicia y en la Policía analizar cómo introducir mejoras con disciplina y una depuración para el bien del pueblo boliviano”. Asimismo, remarcó que “la Policía tiene la obligación de revisar su conducta”, lo cual implícitamente significa que las ofertas de depurar la justicia y crear la seguridad ciudadana quedaron en meras ilusiones y faltaría mucho para que se hagan realidad.

Finalmente, la opinión pública deberá esperar que los ofrecimientos no queden en palabras y se conviertan en realidad, en especial desde el momento en que se promulgó la “Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana”, organismo conformado por autoridades nacionales, departamentales, municipales, Policía y organizaciones sociales.