Cooperativistas versus asalariados mineros

Es cierto que la Cooperativa es una institución reconocida por la Constitución Política del Estado, que en su Art. 310 dice: “El Estado reconoce y protege a las cooperativas como formas de trabajo solidario y de cooperación, SIN FINES DE LUCRO. Se promoverá principalmente la organización de cooperativas en actividades de producción”. Es en este marco constitucional que en Bolivia se han conformado cooperativas de ahorro y crédito para la vivienda, cooperativas de producción agropecuaria, cooperativas para alimentación, y cooperativas de producción minera, cuya naturaleza es precisamente el de una organización sin fines de lucro, en el entendido de que el principio fundamental es el de solidaridad.

Ahora bien, en el área de la minería nos encontramos con una situación sui generis cuando observamos la realidad socio-económica de las cooperativas mineras, que tienen una naturaleza que contraviene precisamente lo dispuesto por el Art. 310 de la Constitución Política del Estado, puesto que se observa que el objetivo de aquellas es el lucro y solamente a favor de pequeños grupos o elites que se han convertido en una suerte de empresarios, so pretexto de agruparse en cooperativas.

Los propios trabajadores mineros del sector salarial han tenido el valor civil de formular la denuncia sobre esa naturaleza real de las cooperativas mineras, al extremo de que se conoce que, en función de sus estructuras, la organización es producto de un grupo de amigos que, luego de tramitar su personería jurídica, se autoerige en Consejo de Administración y Consejo de Vigilancia y, como tales, comienzan a ponerse en funcionamiento, pero con el agravante de que utilizan el contrato con ciudadanos que precisan de empleo, pero que no se constituyen en socios sino en simples trabajadores de la institución cooperativa minera, percibiendo míseros salarios y al margen de la seguridad social, así como exentos de los beneficios a los que tienen derecho los trabajadores en cualquier actividad.

Es decir que se observa la explotación del hombre por el hombre, sin que autoridad alguna intervenga para cortar de raíz estos abusos, a título de ser una cooperativa con personería jurídica, pero contraria en los hechos a lo que determina la Constitución Política del Estado.

Lo curioso es que el actual gobierno de los pobres abandona la función de trabajar por esos pobres, ya que se observa que la dirigencia de aquel sector cooperativo es la que maneja hábilmente sus intereses, que son los de ese pequeño grupo de elite empresarial, convertido en una nueva oligarquía, el que lamentablemente obnubila al propio Gobierno con el aporte electoral, utilizando para ello a los obreros mineros de esas cooperativas, que son asalariados sin beneficio social.

En consecuencia será necesaria la intervención del Ministerio de Trabajo a través de la Dirección Nacional de Cooperativas, para exigir el cumplimiento del Art. 310 de la Constitución Política del Estado, sobre cuyo marco normativo se organiza esta clase de sociedades. Sin embargo en el camino se distorsiona el principio de solidaridad y se introduce en el campo de los negocios empresariales, porque con fines de lucro se organiza este tipo de emprendimientos.

Es cierto que el mayor contingente de trabajadores de esas cooperativas no es parte de su estructura, sino simplemente asalariados al servicio de los ejecutivos de la misma, y que en épocas electorales son utilizados para lograr la presencia de sus patrones en los círculos de poder. Es decir que nos encontramos frente a nuevos patrones que han venido a sustituir al Estado Empresarial y a los empresarios privados, situación sociológica que nos muestra una realidad que no puede ser contrariada.

Finalmente, el gobierno de Evo Morales no debe continuar considerando a dichos ejecutivos como una cantera electoral, lo que debe hacer es que los obreros mineros que dependen de esas cooperativas, en su calidad de asalariados, sean parte de la empresa estatal, como vienen sosteniendo los mineros que hoy dependen del Estado-empresario.

(El ejercicio del poder corrompe, y su sometimiento degrada).