La auditoría y su normativa “atrasada” y conflictiva

Las Jornadas Internacionales de Contabilidad, Tributación y Auditoría Interna, Externa y Gubernamental organizadas por el Colegio de Auditores o Contadores Públicos, que reúne a profesionales de Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica y Venezuela en La Paz, ha colocado en el escenario público el conflictivo tema de la aplicabilidad de las normas internacionales contables que confronta a una normativa “conservadora” y “atrasada” que, en lo mínimo, ha llamado la atención del Gobierno por su naturaleza estrictamente técnica.

La preocupación en todo el territorio nacional se ha patentizado con una muy amplia participación de los profesionales auditores, quienes expresaron que “valorizar su profesión para la competencia global” exige una actualización continua y constante de las técnicas vinculadas con la normativa que rige en todo el mundo, pese a que el dinamismo de la economía y los cambios que producen los ciclos económicos son diferentes.

Bolivia no está separada de los impactos mundiales y, sumado a la estructura atrasada de su normativa, experimenta un conflictivo panorama en el cual se observa más una actitud política en la “coyuntura preelectoral” que desarrolla el poder central a través de una activa campaña mediática, que el esperado análisis técnico de los procesos contables que favorezcan y eviten los peligros para las decisiones empresariales, tanto del sector público, como del privado.

En este mundo de números, cifras y resultados, en el cual aterrizan todos los sectores de las actividades humanas, inclusive aquellas que se encuentran al margen de la ley, juega un papel de singular importancia la llamada “auditoría forense”. No es materia aún, para el análisis cotidiano y abierto en la presente coyuntura, sin embargo, el cúmulo de delitos cometidos en el ámbito de la trata y tráfico de personas, ha despertado un inusitado interés porque comienza a considerarse en el ámbito profesional, el fenómeno delictivo, su legislación y los efectos que impactan contra la sociedad.

Antecedentes preliminares revelan que en Bolivia, después del narcotráfico, con una movilización de, al menos, 1.600 a 1.800 millones de dólares cada año, está el fenómeno de la trata y tráfico de personas, con un resultado estimado hasta de 1.000 millones de dólares, lo cual causa no sólo alarma, sino pánico en la sociedad boliviana, por los motivos y circunstancias que promueven el delito. Significa que este “fenómeno”, por cierto “económico”, tal como lo plantea en el debate, el Dr. Luis Aparicio Delgado, está sacudiendo los sentimientos más profundos de la sociedad y no así del Gobierno que, dicho sea de paso, es el único llamado a preservar la vida de cada uno de los ciudadanos del país y castigar a quienes cometen esos delitos penales que están catalogados como de “lesa humanidad”.

La lógica del auditor nos revela que la auditoría forense, como especialidad de la carrera profesional de auditoría, asume la responsabilidad y preocupación central del tema para desarrollar políticas, procedimientos, métodos y normas técnicas para detener, controlar y sancionar, a través de los fiscales y jueces, este tipo de delitos en todas sus modalidades.

Por ello se involucra a la auditoría forense en la responsabilidad social y económica, ya que está dedicada a la investigación analítica de aquellos delitos, económico – financieros que afectan a la sociedad, en sus diferentes preocupaciones. Puntualmente, se refieren a delitos de secuestro de personas para tráfico de órganos, para desarrollar trabajos forzados, prostitución de jóvenes mujeres, y muchos más delitos vinculados con la trata y tráfico de personas.

La lucha contra la impunidad que, en el caso de Bolivia, en el curso de la presente gestión se produjeron 647 casos denunciados, debe iniciarse con la creación de un marco legal que tipifique no sólo el delito, sino establezca el grado de sanciones contra los delincuentes que, en el momento, desarrollan sus actividades al amparo de un vacío jurídico y el adormecido comportamiento de las autoridades llamadas por ley para tratar el tema.