La otra mirada al 2003

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de negar la extradición del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada tuvo repercusiones adversas en el país. El oficialismo sostuvo que era un gesto a favor de la impunidad y en algunos sectores partidarios y sociales se atribuyó a la Cancillería la mala tramitación de la causa.

El suceso sirvió, al mismo tiempo, para reiterar que en octubre de 2003 hubo una represión sangrienta, que dejó el saldo de 60 muertos y buena cantidad de heridos.

Como se trata de un luctuoso acontecimiento, la historia nacional tendrá que echar la otra mirada, para determinar qué fue lo que exactamente ocurrió. Así, el juicio final tendrá necesariamente que ser imparcial y para ello escuchar a la otra parte.

Una de ellas, la del Ejército, sostiene que su actuación en los trágicos días de octubre fue a la defensiva, ante los actos de violencia y agresiones que se registraban, por parte de sectores sociales y vecinales descontentos con el gobierno.

Tal es la conclusión que se extrae del registro pormenorizado que contiene el “Diario de Campaña. Conflicto Social” del Ejército, cuya síntesis ha sido publicada por un matutino local en su edición del domingo 10 de abril de 2011. El documento, según esta versión, forma parte de los obrados del juicio de responsabilidades que se siguió en la justicia ordinaria y que, entre sus conclusiones, dispone la extradición de Sánchez de Lozada.

El documento constaría de 37 páginas, en las que se hallaría el relato detallado de las acciones militares en El Alto, Warisata y Sorata, entre el 11 de septiembre y el 17 de octubre. Este último día dimitió Sánchez de Lozada y, junto con su familia y algunos colaboradores suyos, abandonó La Paz por vía aérea.

El conflicto no se redujo a El Alto, sino también a Achacachi, Warisata y Sorata, lugares que fueron ocupados por los revoltosos, mediante bloqueos, emboscadas y confrontaciones, con el uso de piedras, palos, dinamita y armas de fuego, según el Diario.Otro aporte es el libro titulado “Octubre sin fin”, de Dante Pino Archondo, quien está en el exilio, al haber sido incluido en el juicio de responsabilidades, por haber sido fugaz Ministro de Finanzas del gobierno de Sánchez de Lozada.

Desde la óptica de Pino, la revuelta de octubre tuvo injerencia extranjera, no fue un movimiento espontáneo. En respaldo, ofrece también un detalle del día a día de los sucesos que empezaron la segunda semana de septiembre y concluyeron el 17 de octubre, con la caída de un gobierno elegido en las urnas.

En aparente coincidencia con la afirmación de Pino, en sentido de que en “Octubre Negro” y la “Guerra del Gas”, hubo injerencia extranjera, un informe del organismo de Inteligencia de Colombia para la lucha contra el narcotráfico y la guerrilla, indica que 60 miembros de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) actuaron en Bolivia, cuando se produjeron los acontecimientos de septiembre y octubre de 2003.

La versión es parte de las pruebas de descargo presentadas por el abogado y representante legal del ex Alto Mando Militar en el gobierno de Sánchez de Lozada, Erick Seifer, en el juicio de responsabilidades.

Un matutino local publicó el viernes 17 de octubre de 2008 una entrevista al abogado Seifer, quien, al responder a la pregunta de que “Usted está señalando que algunos guerrilleros de las FARC habrían sido los autores de las muertes en octubre”, dijo:

“Tenemos esa firme impresión por los croquis, por los lugares de las muertes y por el tipo de munición usada y que no coincide con las de nuestro Ejército. Existe este detalle que nos tendrán que explicar los investigadores que realizaron la recolecta de pruebas. Tendrán que explicarnos el calibre y la munición (empleada). Hay cosas increíbles, lugares donde aparece una persona muerta y no estaba el Ejército, estaba a tres cuadras; como yo digo, “la bala que dobló la esquina”. Las víctimas de estos luctuosos hechos tienen el derecho a saber quién y por qué. Una causa aparente era el gas, pero eso ya obedecía a un programa establecido para derrocar a un Gobierno que estaba legítimamente constituido”.