Se apunta a mayor improductividad minera

La semana pasada La Paz soportó un cerco de 48 horas por un bloqueo de todos los caminos que la comunican con el interior y provincias a cargo de la cooperativa minera 26 de Febrero, como parte de sus medidas de presión para monopolizar la explotación de la veta Rosario, rica en estaño, zinc y plata en el distrito de Colquiri, la misma que le disputan los mineros asalariados de Comibol luego de que el Gobierno nacionalizara la totalidad de la mina, hasta hace poco concesionada a la empresa Sinchi Wayra, de capitales suizos.

Si bien la Constitución Política del Estado garantiza el derecho a manifestarse y a huelga, en cambio los bloqueos y otros excesos están fuera de dichas garantías, pero las autoridades los toleran violando el derecho de libre desplazamiento de los ciudadanos, del transporte público y privado y del comercio. El derecho de las personas o entidades termina donde empieza el derecho ajeno.

Mientras esto transcurría el Gobierno se había cruzado de brazos y observaba impasible el atropello. Esta actitud flemática se explica por la conocida alianza de oficialismo con el sector minero cooperativo, al que ha convertido en la “niña de sus ojos”, colmándola de dádivas y privilegios como la exención del impuesto a la utilidades y la permisión de no facturar sus ventas al mercado, entre otros.

Diversas fuentes de opinión dicen que la solución a las condiciones actuales de la minería, incluyendo las disputas correspondientes, depende de la sanción de un nuevo Código Minero, al presente paralizado. Empero, la experiencia nos demuestra que la ley cobra plena vigencia cuando es conveniente a ciertos intereses y es ignorada en caso contrario. En las circunstancias en las que nos encontramos más pueden la presión y las conveniencias de la mencionada alianza.

El Gobierno cercado entre intereses contrapuestos cree que la solución al actual conflicto radica en un entendimiento entre asalariados y cooperativistas, según sostuvo el Viceministro de Política, Regulación y Fiscalización Minera. Si fuese así tendríamos para rato, convertidos en inocentes rehenes de dichos intereses y, lo que es peor, el país condenado a perder. Está visto que la Cooperativa 26 de Febrero no tiene otro objetivo que detentar exclusivamente la famosa veta Rosario, sin mayores obligaciones ni con el Estado ni con sus propios trabajadores expoliados. Los sindicalizados exigen, por su parte, que los dependientes de Cooperativa sean incorporados a Comibol, sin importarles la rentabilidad del emprendimiento. Lo mismo sucede en Huanuni, donde de 700 trabajadores, el Gobierno absorbió a 4.000 más, reduciendo significativamente la rentabilidad. Es decir, está reproduciendo la misma política de “supernumerarios” que hizo fracasar la nacionalización de 1952.

Los mineros asalariados de Colquiri van más allá y piden la nacionalización del total de la minería en manos privadas, presionando a la FSTMB y a la COB para apoyar esa medida. La receta, por supuesto, es un sinónimo del desastre de la minería. Las razones ya se las conoce: mala administración, derroche, carencia de tecnología, ausencia de capitales. La minería requiere grandes inversiones en prospección y cateo y su explotación, sofisticados equipos, maquinaría e infraestructura. El Estado o Comibol no tienen suficiente musculatura -como se suele decir ahora- para semejante empresa. Y en gran medida el atraso e improductividad de la minería nacional se debe a la insatisfacción de dichos insumos.