En contra del culto a la mediocridad

Ya son seis años que se castiga a un conjunto de profesionales que tuvieron la osadía de apostar en la vida para estar entre los mejores de Bolivia. El presidente Morales, con una decisión política explicable, se redujo el salario, y creó arbitrariamente un tope salarial para que el resto de los bolivianos no ganaran más que él, con el mejor estilo de un rey colonialista al que nadie debe atreverse a superarle en ningún derecho ni privilegio.

Al principio la medida fue tomada como una señal de austeridad, incluso digna de ser enaltecida, pero cuando la determinación se fue reeditando año tras año con la Ley Financial, los salarios fueron perdiendo día a día su valor adquisitivo, de manera que los condenados al castigo fueron ganando cada vez menos. Es decir que el tope salarial se constituyó en un mecanismo de reducción sostenida del salario para aplastar sistemáticamente las aspiraciones de los profesionales con méritos para alcanzar o superar el sueldo del Presidente, gracias a que publican libros e investigan; obtienen especialidades, maestrías, doctorados, diplomados, y se crean una antigüedad y un sitial en el escalafón de sus instituciones; pero sobre todo por haberse dedicado a la docencia universitaria, sin imaginar que llegarían días en los que todo lo que hicieron quedaría a expensas de un sistema de antivalores.

En varias oportunidades escribí y expuse en diferentes foros, que el Presidente tenía derecho, a lo mejor hasta como la manifestación más excelsa de sinceridad y honestidad consigo mismo, a fijarse un tope, porque en su caso no hay postgrados, méritos académicos, antigüedad ni escalafón que le sirvieran para construir su salario. Ahora bien, es legítimo pero injusto que fuera de su salario, los bolivianos paguemos todos los gastos del Presidente para vivienda, alimentación, servicios, transporte, seguridad, etc., cuando a otros que solventan todos sus gastos se los somete a limitaciones.

No sé si como producto de una concepción ideológica o de algunas mentes con demencia, con obsesión de venganza en contra de los profesionales, ahora resulta que el derecho constitucional de ejercer docencia universitaria además de tener un cargo en otra institución, sin pasarse de una carga horaria reglamentada, es contradictorio con el tope salarial que ahora se calcula por la suma de sueldos.

Entonces, decir que está garantizado hacer docencia universitaria y atención hospitalaria es sencillamente una falacia. Este desvarío promueve que los profesionales más talentosos, que merecidamente son los que más ganan, ahora sean presionados para quedar al margen de las universidades.

La combinación del tope salarial, restricciones para la docencia universitaria y la vil propaganda de desprestigio a los profesionales más exitosos por ser docentes, pero también la falta de reacción de los agredidos en defensa de su dignidad, están llevándonos a un pavoroso culto a la mediocridad, en el que cada vez son menos importantes la capacidad, los méritos, la experiencia y la ética, y los incentivos para mejorar cada vez son menores.

Se ha llegado a tal grado de autoritarismo y menosprecio por los valores esenciales, que las comunidades profesionales y académicas lastimadas reaccionan con una combinación de desconcierto, resignación, impotencia, complejo de inferioridad y hasta de sentimientos de culpa, cuando nada de ello les corresponde.

Por todo eso, porque no nos seduce el camino de la mediocridad, los profesionales y académicos universitarios, y porque además nosotros solventamos todos los gastos de nuestro desarrollo personal, profesional y científico, así como del mantenimiento de nuestras familias, merecemos un buen salario, mucho mayor al del Presidente. Basta de creer e intentar hacer creer a la población que ganar un sueldo mayor al del Presidente debe avergonzarnos, sino todo lo contrario.

El autor es ex Decano de Medicina.