Desde el FARO
33 es un número intrigante, cabalístico y hasta mágico. A los 33 años de edad Cristo dio su vida para resucitar a los tres días. 33 fue el número de mineros atrapados en una mina y 33 los días que tomó la apertura del túnel que permitió su rescate. En Bolivia, la cifra es inspiradora.
En efecto, 33 fue el número de camiones que provocaron una de la más bulladas denuncias de corrupción del septenio del gobierno del MAS. En efecto, el caso de contrabando colocó al actual Ministro de la Presidencia en el centro de la controversia debido a una supuesta autorización de ingreso de los emblemáticos 33 camiones al Departamento de Pando. Entre careos, réplicas y dúplicas, la investigación parlamentaria fue cerrada por la mayoría oficialista. Sin embargo, años después, el 33 se grabó en la memoria colectiva, significando para muchos una referencia de impunidad; para otros, un mero reflejo de la confrontación política en el país, y como una pesadilla para personas como el general César López y su familia, para quien los 33 camiones implicaron juicios y represalias que marcaron un antes y un después en su carrera militar.
33 evoca significados diversos. Es el caso de la Ley de Control y Administración Gubernamentales, conocida como SAFCO, cuyo artículo 33, en relación con los temidos dictámenes de responsabilidad pública, establece: “No existirá responsabilidad administrativa, ejecutiva ni civil cuando se pruebe que la decisión hubiese sido tomada en procura de mayor beneficio y en resguardo de los bienes de la entidad, dentro de los riesgos propios de operación y las circunstancias imperantes al momento de la decisión, o cuando situaciones de fuerza mayor originaron la decisión o incidieron en el resultado final de la operación”. A juzgar por los datos y hechos de la realidad, la aplicación de este cabalístico artículo “safkiano” tiene connotaciones kafkianas.
Invocando la buena fe y la celeridad en la ejecución de proyectos “estrella”, el artículo 33 le cae como anillo al dedo a un impaciente presidente Evo, que se siente liberado de la guillotina judicial que la SAFCO implica. No es ése el caso de la casi veintena de autoridades electas, preferentemente de la oposición, a quienes la invocación de la buena fe y otros descargos de nada sirvió. La subjetiva y politizada aplicación de la ley SAFCO fue la soga al cuello que terminó defenestrando a Joaquino, al gobernador Suárez, a alcaldes de los municipios modelo de San Juan y La Guardia, siendo la guadaña que asedia a los pocos sobrevivientes ediles de la oposición.
Sin mencionar al programa “Evo cumple”, el Presidente, galvanizado ante cualquier sospecha de corrupción, elude recurrentemente los engorrosos trámites de licitación, comprometiendo hasta 2.000 millones de dólares de los recursos públicos. Ocurrió la pasada semana, en ocasión de la suscripción del contrato de 234 millones de dólares para la construcción del añorado teleférico en La Paz. Sin dudar del prematuro significado electoral de la decisión que lo llevó a obviar los procedimientos SAFCO, el Presidente olvida y no puede entender que preside un Estado autonómico, eliminó de la foto a los alcaldes concernidos en este tema, sin importarle que la ley lo obliga a la coordinación y que no hacerlo implica incumplimiento de deberes, dato que parece no quitarle el sueño.
Lo cierto es que mientras para unos la SAFCO es portal de privilegios casi celestiales del poder, para otros, inclusive masistas sin poder, no representa otra cosa que una espada de Damocles, la presunción de culpabilidad y la antesala del infierno.
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