Sólo una tregua

Tenía que ocurrir y ocurrió, lamentablemente. Tuvo que morir una persona para tomar conciencia de que el conflicto de Colquiri, entre cooperativistas y asalariados, es algo mucho más complejo que la simple disputa por un área de explotación. Los ingredientes del problema son las profundas diferencias ideológicas de las organizaciones y los grandes intereses de los actores en juego. Posiciones políticas y ambiciones económicas antagónicas.

El problema es que a esos dos factores que enfrentan a los hombres desde siempre y que en afán de resignación absurda se puede interpretar como característica de la naturaleza humana, se suman otros que sólo tienen que ver con la coyuntura que vive el país. Sobre todo, a la insólita suposición de que los problemas se resuelven solos. Como si las cargas que se acomodan solas en el camino quedaran automáticamente en posición correcta.

En un repaso rápido por breve se tendría que mencionar, en primer lugar, el haber dejado pendiente, hasta no se sabe cuándo, la aprobación de una Ley de minería. La falta de reglas claras sumada a los altos precios en el mercado internacional alentó, como tenía que ocurrir, la pugna de intereses por el control de la producción minera.

Tras un largo período de recesión ostensible que relegó a la minería de su condición de sostén económico del país a un tercer plano y puso a los sindicatos mineros muy lejos de su antiguo rol de factor fundamental de las decisiones políticas, las nuevas condiciones del mercado conformaron un nuevo escenario.

Las cooperativas compiten hoy en condiciones de ventajas impositivas extraordinarias no sólo frente a los otros sectores de la minería privada, mediana y chica, sino también con la corporación estatal.

Los cooperativistas mineros son cuantitativamente más que los asalariados mineros. Por los cálculos políticos tienen también más peso específico. Suponen, según las estimaciones oficiales, algo así como medio millón de votos, nada despreciables en los afanes de reelección.

Pero los sindicatos mineros, aun siendo cuantitativamente menores, representan un pasado de lucha política consecuente con principios que son patrimonio nacional por encima de intereses coyunturales.

Reducir el conflicto a los intereses de la balanza política puede satisfacer intereses coyunturales. Sería algo así como considerar esa muerte sólo como un “lamentable accidente”, aislado de un hecho mucho más complejo. Hacerlo así seguramente cerrará puertas a una solución real del conflicto y abrirá otros escenarios, tal vez peores, de enfrentamiento. El de Colquiri es, vale la pena recordar, repetición del de Huanuni, cuya solución difícilmente pueda considerarse final y menos aún racional.