Ministra Suxo solicita que el Legislativo apruebe ley para monetizar incautaciones

La ministra anticorrupción, Nardy Suxo, reiteró ayer su pedido para que la Asamblea Legislativa apruebe lo antes posible, el proyecto de ley para monetizar los bienes incautados por casos de corrupción a fin de evitar que casas, motorizados e incluso celulares sean utilizados por funcionarios públicos. Los recursos por la venta de todos estos activos serían derivados a una cuenta fiscal, detalló.

La ministra recordó que un anteproyecto de ley fue elaborado por su cartera de Estado y en coordinación con la Asamblea Legislativa, siendo remitido a esa instancia hace unos tres meses, por lo que espera que los diputados revisen y avancen en su socialización.

Sobre el dinero que se obtendría por la venta, en subasta o licitación, de estos bienes que van desde casas, terrenos, depósitos, vehículos, joyas, artefactos electrónicos e incluso celulares de última generación, iría a un fondo registrado en el Tesoro General de la Nación (TGN) y que sería invertido luego en proyectos sociales, de acuerdo con los resultados de la norma propuesta.

Sin embargo, en depósitos de las entidades estatales se han observado almacenados algunos bienes deteriorados que distan mucho de aquellos últimos modelos que acostumbran lucir los narcotraficantes y que podrían ser objeto de otra investigación.

La madrugada del domingo 9 de septiembre, el legislador departamental por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Lucio Vedia, fue detenido en aparente estado de ebriedad tras chocar una camioneta. Luego se evidenció un grado de alcohol mayor al permitido para conducir. El agravante del caso fue identificar el vehículo como un bien incautado al narcotráfico y que era parte de los almacenes de la Dirección de Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) de Montero.

El asambleísta dijo que su detención fue tramada por la “derecha” para desprestigiar al proceso de cambio y luego asumió el hecho como algo “no tan grave, pues no es como matar a una persona”. Sobre el uso de un bien incautado, aseguró no tener conocimiento y deslindó responsabilidades a los funcionarios del despacho correspondiente como Miguel Gutiérrez, quien se encuentra prófugo y Jaime Mamani, exdirector de Dircabi, detenido el martes.

El caso pasó a jurisdicción del Ministerio de Transparencia y lucha contra la corrupción y se podría aplicar la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, sobre delitos por uso indebido de bienes estipulado en el artículo 26 que dicta hasta siete años de presidio.