La octava marcha tenía su primer impase con los efectivos policiales

Los indígenas que participaban de la octava marcha en defensa del Tipnis, el martes 20 de septiembre del año pasado, se encontraban camino a San Borja-Yucumo, donde tuvieron su primer encuentro con la fuerza pública. Un contingente de 100 policías impedía el paso de los marchistas bajo el argumento de evitar un enfrentamiento con los colonos que llevaban casi un mes asentados en plena carretera. Los comunarios exigían que se retire la contramarcha y el paso a las vertientes de agua. También se observaban las primeras divisiones en el movimiento indígena, la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) se alejó de la marcha para negociar de forma separada sus demandas con el Gobierno.

“Siempre tuvimos el presentimiento de que algo pasaría en los siguientes días. Desde La Embocada, se sentía un clima de conflicto. Cuando vimos los policías nos preocupamos”, recordó el presidente de la Subcentral Sécure, Emilio Noza.

En pleno mediodía y bajo un sol calcinante, los más de 1.700 marchistas llegaron al primer punto de bloqueo, donde el contingente policial de 100 efectivos, se encontraban a sólo 50 metros de los indígenas. Los uniformados impedían el paso de los marchistas y mientras ellos esperaban al menos acceder al agua del río Chaparina, que se encontraba a 150 metros del punto de bloqueo, para poder asearse y preparar sus alimentos. Los comunarios leyeron una carta enviada por el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, en la que la autoridad pedía que se respeten los derechos humanos.

“Recuerdo que nos sentíamos agotados, cansados, soportando el calor. Queríamos bañarnos, lavar nuestra ropa y cocinar. La policía decía que estaba ahí para evitar y protegernos de los colonos, pero si nos impedían llegar al río. No era protección, era el claro abuso y atropello del Gobierno. Nos sentíamos impotentes y decepcionados”, expresó Noza.

Mientras en la ciudad de La Paz, la diputada por Unidad Nacional (UN), Elizabeth Reyes, organizaba una campaña para llevar botellones de agua a la movilización. Aunque aclaraba que había que “hacerlo a escondidas” por temor a los policías que podrían impedir que la donación llegue hasta los marchistas.

Antes de este encuentro, la marcha indígena reinició su recorrido con rumbo a la Sede de Gobierno desde la comunidad de Limoncito, lugar donde descansaron durante dos semanas, esperando que los colonos de Yucumo levantaran el bloqueo de la vía que sostuvieron durante más de 20 días a las afueras de ese pueblo, ubicado sobre el puente San Lorenzo.

La marcha se encontraba apoyada por sectores y organizaciones como la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Santa Cruz, la Defensoría con los representantes de ese departamento, miembros de la iglesia católica y una delegación de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica).

Por su lado, el presidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), Celso Padilla, decidió retirarse de la marcha en defensa de la reserva natural, para negociar de forma separada sus propias demandas con el Ejecutivo. Sin embargo, para este año y durante la novena marcha indígena, Padilla se reincorporó a esta movilización, apoyando nuevamente al movimiento de los comunarios de Tierras Bajas.

Finalmente, los miembros de la Policía recurrieron a la fuerza para desbloquear la carretera número 9, Yacuiba Santa Cruz, donde un grupo de indígenas guaraníes iniciaron medidas de presión en apoyo a la octava marcha en defensa de la reserva natural. Los comunarios tuvieron que huir de los puntos de bloqueo ante la sorpresiva intervención policial. Aunque nunca se llegó a conocer el número de heridos, presuntamente existían lesionados en ambos bandos. Posteriormente los altos mandos policiales pidieron más refuerzos de efectivos policiales. Al parecer existía un cierto temor o preocupación entre las autoridades y el clima de tensión se agudizaba cada vez más.