La vida de los pueblos se desarrolla permanentemente en base a las libertades, los derechos de que gozan y de las obligaciones que cumplen, siempre que estén enmarcados en las leyes que rigen la vida de un país. Creer que es posible ser libres sin respetar las leyes es ingresar en el campo de lo ilegal porque la ley es la norma que permite gozar de libertad; vulnerarla implica ser víctima del abandono de virtudes y valores y es modo y medio de estar supeditado a la condena pública y a la acción punitiva de las leyes.
Las libertades se manifiestan a través del libre pensamiento, que da lugar a la libre expresión, por cualquier medio, de ideas, criterios y acciones del ser humano siempre que no afecten al entorno en que vive o al conjunto de personas, entidades o instituciones que hacen la vida de un pueblo. Quienes, siendo autoridad, tan sólo por la tenencia de un poder sea político, social, económico o de cualquier naturaleza, abusan de esa condición y atentan, de hecho o de palabra, contra las personas, vulneran las leyes; ignoran que la libertad de pensamiento y expresión es parte primigenia de la vida del ser humano. Lo cierto es que quienes atentan contra las libertades no sólo afectan la vida de los demás sino que sientan precedentes para que en cualquier momento se atente contra la propia vida, contra los derechos y condiciones que se tiene para convivir en una sociedad organizada.
Las libertades del ser humano no pueden ni deben conculcarse a título de ser autoridad o de poseer riquezas o situaciones políticas que de todos modos son efímeras y que están muy por debajo de las libertades y derechos de los seres humanos que son permanentes, eternos y no transitorios y circunstanciales como son los bienes otorgados por la política o la tenencia de bienes materiales.
El ejercicio del periodismo, de la comunicación social y del derecho de opinar, aplaudir y censurar a quienes poseen poderes es inmanente a las libertades, porque quienes las violentan crean condiciones para que los resentimientos, odios, complejos y rivalidades se hagan parte de la vida diaria de los hombres. Por todo ello, bien se puede sostener que toda autoridad política con poderes otorgados en democracia por el mismo pueblo, tienen deberes y obligaciones con la sociedad a la que, se entiende, deben servir.
En la vulneración al derecho de la comunicación social surgen quienes creen que, por tener poderes pueden atentar contra las personas y sus derechos y este es el caso, por ejemplo, del alcalde de la ciudad de Santa Cruz que, reiteradamente, lastima y vulnera la libertad de expresión al mancillar con palabras hirientes y hasta soeces a periodistas, fotógrafos, camarógrafos y otros servidores de la comunidad nacional que emiten, a través de los medios en que se desenvuelven informaciones y expresan sentimientos e ideas, proponen remedios para los problemas de la comunidad en que viven y los conflictos y hechos generales del país y del mundo tan sólo basados en la verdad y la responsabilidad. Que esos comunicadores deben guardar las consideraciones de respeto por las autoridades legítimamente constituidas, es, innegablemente, base sustantiva de su trabajo y de la misión que cumplen.
Cualquier atentado sea verbal o de hecho contra la libre expresión es atentar contra la libertad de pensamiento; es vulnerar las bases sustantivas de todas las libertades que a través de la libre expresión por el medio que sea, logran su vigencia, su respeto, su consideración y su acatamiento por parte de las comunidades civilizadas de un país. Sólo las corrientes erigidas para la delincuencia, el tráfico de drogas, la consumación de atentados contra las personas o las instituciones se auto-liberan de consideraciones y respetos que deben a la sociedad; pero, si ello fuera lo contrario, no habría delincuencia ni quienes la integren en contra de la humanidad y sus derechos.
Ninguna autoridad, por poder que tenga, puede vulnerar la Constitución y las leyes que disponen el respeto y consideración de los derechos y libertades del ser humano; si lo hacen, es que tienen vocación de atentar contra sí mismos y sus familias. Quienes poseen poder político o de cualquier índole, están destinados a servir y servir es amar, respetar, considerar y actuar con ellas haciendo uso de los valores de equidad, ecuanimidad y hasta justicia. Quien no respeta los principios y fines de las libertades de expresión de los pueblos, busca la condena pública y, sobre todo, está en vísperas de ingresar en los campos del totalitarismo y dictaduras que vulneran todo concepto y principio de libertad.
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