Bolivia “en cuarentena” para las inversiones

En las esferas bursátiles y en los campos que rigen la economía de muchos países pertenecientes al primer mundo, las políticas nacionalizadoras y estatizadoras aplicadas en Bolivia han causado dudas y desconfianza para las intenciones de invertir, de ganar terrenos a favor de una producción de bienes que copen mercados internos y den excedentes para la exportación.

El Gobierno vive aún pendiente -conjuntamente los posibles inversionistas y la misma actividad privada- de leyes importantes como son los Códigos de Minería y de Hidrocarburos. El criterio generalizado es que la misma “nacionalización” dispuesta el 1 de mayo de 2006, estaría en espera de la nueva Ley de Hidrocarburos que muestre palmariamente las nuevas políticas que el Gobierno piensa imponer en el país; cuáles serán sus condicionamientos y qué grado de confianza pueden irradiar a quienes esperan invertir.

Quienes invierten su dinero en cualquier actividad de la economía, lo hacen basados en que contarán con las debidas garantías para la creación de una empresa, compañía o corporación que dedique sus actividades a producir y ganar dinero. La mejor consecuencia de esta operación de invertir es que genera empleo; es decir que da trabajo a técnicos, empleados y obreros y, en algunos casos, diversifica su trabajo con la creación de otras empresas de producción. Quien invierte está consciente, además, de que debe cumplir con las leyes del país en que se asienta y ello implica pagar impuestos y cualesquiera otras imposiciones como seguridad social, provisión o reserva para pago de aguinaldos, indemnizaciones y otros a favor de sus trabajadores. Quien invierte no lo hace exclusivamente para ganar.

Quien invierte capitales, tecnología y recursos humanos especializados, también tiene conciencia de que lo hace con la garantía de que podrá utilizar el dinero que le corresponda y que signifique ganancias o dividendos y que puede hacer con ellos lo que mejor convenga a sus intereses, inclusive remitiéndolos a su país de origen; en muchos casos, especialmente en los primeros años de trabajo, invierten las utilidades en agrandar la empresa, modernizar maquinaria, actualizar la existente y otras inversiones que impliquen modernización y mejoramiento en calidad y producción de la empresa.

Quienes han sostenido que nuestro país se encuentra en una especie de “cuarentena” se refieren seguramente a la falta de una Ley de inversiones y las garantías consiguientes; la “cuarentena” está referida también a que se produce un margen de larga espera hasta que se den las condiciones y no implica, de hecho, el desaliento de invertir o la intención de alejar toda posibilidad de trabajar en el país. Los países que reciben las inversiones toman muy en cuenta que en economía no hay mayor miedoso, temeroso y desconfiado que el capital y sus poseedores buscan las mayores seguridades para colocar lo que se entiende ha sido ganado con esfuerzos y hasta sacrificios.

Bien se puede asegurar que los mismos sentimientos y temores tiene el posible inversionista nacional, con el agregado de que conoce los problemas y situaciones extremas que muchas veces se producen en el país. El Gobierno también tiene que ser conocedor y tomar conciencia de realidades que no sólo están circunscritas a sus criterios o urgencias, sino que debe considerar los derechos de quienes podrían ser socios importantes del país para vencer a la pobreza y el subdesarrollo.