Necesario indulto para reos en cárceles

La situación de las cárceles del país ha llegado a extremos difíciles inclusive de imaginar. El caso de la cárcel de San Pedro, de La Paz, es el ejemplo doloroso de una realidad de extrema gravedad. Por ello es necesario que el Gobierno -que tiene bajo su control absoluto todos los mecanismos jurídicos- adopte a la brevedad posible las medidas necesarias y oportunas para resolver un asunto inaceptable desde cualquier punto de vista.

En efecto, en el penal de La Paz están recluidas 2.500 personas, que en muchos casos viven con sus familiares, lo cual quiere decir que en menos de una hectárea (diez mil metros cuadrados) los reos únicamente tienen un espacio de cuatro metros cuadrados para respirar o más propiamente sobrevivir, lo que significa una violación por parte del Estado a los derechos humanos más elementales.

Ese no es el único problema, sino que en un espacio creado para 350 personas, ahora vive hacinada una población total, de la cual el 84 por ciento es de detenidos de manera preventiva y sin sentencia, debido a la falta de jueces y fiscales que atiendan los diferentes casos, algunos de ellos injustos y otros de mínima cuantía y se destaca, además, que de cada cien audiencias únicamente cuatro se realizan en los plazos previstos.

El hacinamiento en la cárcel de La Paz comprende también a ancianos, enfermos terminales y otros casos de gravedad que, generalmente, carecen de atención médica y en medio de 2.500 reos crean problemas e inclusive estados de psicosis colectiva que precipitan enfrentamientos entre detenidos y constituyen causales potenciales para motines con heridos y muertos.

Agravando ese estado de cosas, el increíble hacinamiento de presos hace que en pequeños cuartuchos con mínimas comodidades se alojen cuatro o cinco personas, mientras en otras celdas en estado ruinoso ocurre algo parecido, pues los presos duermen en el suelo y comparten ambientes donde es difícil respirar. No deja de ser una contradicción inhumana el hecho paradójico de que algunas llamadas celdas tienen mejores condiciones, pero quien quiera ocupar una de ellas tiene que pagar hasta 15.000 dólares como “derecho de piso”, aunque debe seguir viviendo en condiciones degradantes.

Si bien los aspectos citados constituyen un atentado estatal contra los derechos de los detenidos, existe uno de no menor significación que consiste en que muchos reclusos se encuentran detenidos sin sentencia alguna y la retardación de justicia, a la que el Gobierno ofreció poner fin, sigue existiendo con tanta o mayor gravedad que antes. Efectivamente, el Ministerio Público no agiliza los procesos de investigación de las personas afectadas que, en gran cantidad de casos, son víctimas de falsas denuncias o se ven involucradas en casos de mínima cuantía.

Esos y muchos otros aspectos inhumanos se registran no sólo en el penal de La Paz, sino en todos los que funcionan en el país, en los cuales el número total de presos llegaría hasta alrededor de 20.000 personas, lo cual obliga a los responsables del Gobierno a adoptar medidas inmediatas. En ese sentido, constituye una necesidad que las autoridades dicten a la brevedad posible un indulto para los detenidos sin sentencia o de manera preventiva, en la cárcel de La Paz para unos mil individuos privados de libertad.

Finalmente, se anticipa que en vista de que el Gobierno ha dictado una serie de medidas creando nuevos delitos y sanciones y teniendo en cuenta que el nuevo Órgano Judicial todavía no funciona con la debida eficiencia, las cárceles alojarán a nuevas cantidades de reos, lo cual creará mayor hacinamiento, peligro de sangrientos motines, mayores violaciones de los derechos humanos y otras lamentables injusticias.