Personas que manipulen dinamitas durante las marchas de protesta serán aprehendidas.
Mediante Decreto Supremo el Ejecutivo planea prohibir el uso de explosivos en durante los conflictos sociales. El proyecto fue presentado ayer por el Ministerio de Gobierno y con ello busca aminorar los riesgos y violencia que se genera con la manipulación de estos instrumentos en las manifestaciones que se desarrollan en las ciudades del país.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, advirtió que las autoridades policiales prosiguen con la incautación y decomiso de explosivos a los sectores que pretenden generar violencia.
La autoridad reflexionó que no puede ser que con el pretexto de una manifestación y marcha callejera se utilicen artefactos explosivos de alto poder que ponen en peligro la vida de las personas tanto de los mismos manifestantes y transeúntes inclusive de bienes inmuebles.
Dentro de los artefactos prohibidos se encuentran las armas de fuego, definidas como todo dispositivo o artefacto que conste de un cañón por el cual la bala proyectil puede ser descargado por acción de la pólvora. Los accesorios de voladura, como dispositivos o medios empleados para provocar la detonación de una carga explosiva.
El artículo 3 se refiere a las prohibiciones en el uso de estos instrumentos. “Se prohíbe la tenencia y/o uso de explosivos, materiales, sustancias químicas y artefactos (explosivos) en toda actividad que no sea industrial, minera, petrolera, de construcción u otras con fines laborales o productivos”.
La norma que será expuesta a consideración del presidente del Estado, también penaliza a quienes infrinjan el artículo citado, sobre las prohibiciones de la tenencia de estos artefactos. “Las personas que fueren encontradas en posesión de explosivos, materiales, sustancias químicas y artefactos definidos en el artículo 2 del presente Decreto Supremo, serán aprehendidas y remitidas al Ministerio Público a efecto de iniciar las acciones legales previstas por ley”.
La propuesta del Ejecutivo también plantea el derecho a la movilización pacífica, que queda garantizada siempre que no afecte los derechos de terceros ni a la propiedad pública o privada.
El reciente deceso del minero Héctor Choque, quien falleció tras la explosión de un cachorro de dinamita que le causó lesiones irreversibles en el hígado, fue el argumento para generar una normativa que restringa el uso de estos explosivos en las movilizaciones sociales.
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