Problemas coyunturales desvían la atención del Estado y la sociedad

“Son conflictos creados”, “es otra cortina de humo”, “sólo quieren distraer a la gente sobre los problemas serios”, esas son algunas de las palabras que la gente expresa cuando la conflictividad se hace presente en el país. Sin embargo, si estos conflictos son creados o no son relevantes para la sociedad, surge la pregunta sobre cuáles son los problemas que el Estado boliviano enfrenta y que no estarían en visos de solución por parte de las autoridades del Gobierno central.

El tema Tipnis, la confrontación entre mineros asalariados y cooperativistas son conflictos que se han establecido en el debate de la opinión pública y marcan la agenda de los medios informativos. Sin embargo, otros temas, como el desarrollo del aparato productivo o la lucha frontal contra el contrabando y el narcotráfico quedan pendientes, según explicaron analistas consultados por EL DIARIO.

Para el politólogo Franklin Pareja, el Gobierno gasta recursos y esfuerzos y no logra frenar la creciente conflictividad porque no actúa con prontitud y mientras estos hechos van intensificándose, los problemas de fondo que hacen al país no llegan a ser atendidos.

De acuerdo con Pareja, la generación de empleo, la productividad económica, la ansiada industrialización de las materias primas y la lucha contra el narcotráfico y el freno al contrabando, son parte de la agenda olvidada por las autoridades, que sólo se enfrasca en hechos de coyuntura que no necesitarían mayores esfuerzos de solución más allá de escuchar a la sociedad y atender sus demandas, muchas veces cediendo a las presiones.

“El Gobierno tiene altos índices de ineficiencia y tiende a generar mayor tensión. El problema es que el Gobierno está entrampado en su propia Constitución, porque le ha dado bastante reconocimiento al control social y esto contradice al modelo y visión autoritaria que tienen y que niega el ejercicio pleno de los derechos de los sectores sociales”, dijo.

El sociólogo Fernando Untoja afirma que el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) está preocupado sólo en la política y no así en la administración del Estado y esto es lo que deja a la sociedad en permanente incertidumbre cuando la tensión social se vuelca a las calles.

Según explicó, Bolivia debe ocuparse en aprovechar los precios internacionales de las materias primas para poder fortalecer al aparato estatal y así generar fuentes de empleo. Coincidió también en señalar que el narcotráfico es una de las preocupaciones de fondo en el país, donde se intervienen factorías y se incautan o destruyen estupefacientes y sustancias controladas, pero no existen detenidos de alto rango, aquellos que han sido denominados como los “peces gordos”.

Las versiones del Gobierno apuntan a ratificar los avances de estos seis años y medio de régimen, señalando que el combate al narcotráfico ha sido eficiente, duplicando incluso los resultados obtenidos en el quinquenio anterior, cuando la DEA norteamericana coordinaba las operaciones de interdicción e incautación de sustancias controladas.

En el ámbito productivo, las autoridades firmaron el convenio para la industrialización de materia prima con el contrato para que la transnacional coreana Samsung construya la planta de urea. Sin embargo, el antecedente del cerro de hierro más rico del cono sur, el Mutún del departamento de Santa Cruz, deja muchas dudas sobre los avances y réditos que se esperan. El fracaso de la Empresa Siderúrgica del Mutún y la anulación del contrato con la empresa india Jindal postergaron la etapa de industrialización a la que el país aún no puede acceder.

Leyes y normas

Dentro de los conflictos sociales, el Gobierno central apunta a resolver estas “tensiones” internas con la elaboración, diseño y promulgación de normativas sectarias y leyes que disipan las protestas, pero que no significan la solución definitiva a la crisis.

Personas con discapacidad tuvieron que marchar con sus sillas de ruedas para obtener un bono que se prometió mediante ley. Los médicos de forma inédita se movilizaron por más de un mes y sus demandas quedaron postergadas hasta la Cumbre de Salud que definirá una nueva norma sobre el sector.

El Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) fue protagonista de movilizaciones desde 2008, pero la marcha de 2011 logró ser escuchada por la sociedad. La respuesta del Gobierno fue la Ley 180, que a los pocos meses quedó en contradicción con la Ley 222 de consulta, que fue producto de otra marcha de comunarios de la región.

Para Franklin Pareja las autoridades buscan salir de los conflictos con leyes inestables y poco planificadas que se hacen insostenibles en el tiempo. Mientras Fernando Untoja explica que las leyes no funcionan en el país, porque el Estado carece de institucionalidad.