La Representación Especial de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de El Alto promovió la instalación de oficialías de Registro Civil al interior de los Hospitales Corea, Los Andes y Holandés ante el Tribunal Supremo Electoral y el Servicio de Registro Cívico y como resultado de la gestión desde mañana se inicia la inscripción y extensión del primer certificado de nacimiento gratuito a niños recién nacidos, luego de que la madre sea dada de alta.
La preocupación se inicia en una reunión sostenida en pasadas semanas con representantes de instituciones públicas que trabajan en el tema niñez; en atención a esas preocupaciones y conocedores de que el Estado tiene como política la entrega del primer certificado de nacimiento gratuito a niños y niñas menores de 12 años, la Representación Especial de la Defensoría del Pueblo de El Alto inició consultas y gestiones en los Hospitales municipales más grandes de esta ciudad y sostuvo reuniones con la Presidenta del Tribunal Supremo Electoral y la Dirección de Servicio de Registro Cívico de El Alto. Posteriormente con el Servicio Regional de Salud y la Dirección Municipal de Salud, autoridades que acogieron de manera positiva y se sumaron a la iniciativa de aperturar oficialías de registro civil en los Hospitales Corea, Los Andes y Holandés.
Con esta iniciativa más de 1.300 niños al mes y más de 15.000 al año contarán con su primer certificado de nacimiento, luego que la mamá sea dada de alta en estos centros hospitalarios alteños.
El artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño señala que “el niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos”.
Cuando un niño y niña no cuenta con el certificado de nacimiento, está imposibilitado de ejercer ciertos derechos y consecuentemente se da la vulneración de los mismos, por ejemplo, no podrá matricularse en la escuela; no tendrá derecho a la atención médica gratuita que se da a los niños hasta los cinco años; no podrá recibir los bonos que, como incentivos para la permanencia escolar y la atención en salud infantil, otorga el Estado boliviano.
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