La violenta muerte del minero asalariado Héctor Choque, causada por la explosión de un “cachorro” de dinamita, el pasado 18 de septiembre, durante una marcha de cooperativistas mineros de Colquiri, en la ciudad de La Paz, acentúa el desequilibrio en la gobernabilidad y cuestiona el deficiente manejo del conflicto.
A pocas horas de la trágica muerte de Héctor Choque, el Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Huanuni, en respaldo a los mineros asalariados de Colquiri, recalcó: “El Gobierno no hizo absolutamente nada para evitar estos hechos que fueron denunciados y advertidos una y otra vez, tomando la dolorosa experiencia de Huanuni de octubre 2006, donde murieron 16 personas con más de 100 heridos”.
El fondo del problema trasciende los límites geográficos de la Mina Colquiri y su fabulosa veta Rosario: irrumpe en la campaña de reelección presidencial y retoma el conflicto social no resuelto del mes de mayo del presente año, cuando sectores de la clase media, profesores, trabajadores de la Caja Nacional de Salud, médicos asalariados, universitarios, la Central Obrera Boliviana y ciudadanos descontentos, entre otros, paralizaron el país.
En consecuencia, no es subjetivo establecer que se reacomodan estratégicamente aquellos sectores, incluidos los indígenas del TIPNIS, para asegurar la continuidad del conflicto de mayo a septiembre, con el propósito de cambiar las reglas del juego, porque éstas no se cumplen o cambian de la noche a la mañana.
Las imágenes de televisión, mostrando al minero Héctor Choque muerto por una dinamita, arrojada presuntamente desde la marcha de cooperativistas, ha dado la vuelta al mundo y es imposible, para las autoridades del Gobierno boliviano, deslindar responsabilidades, sean o no políticas.
No cabe duda que el proceso de “cambio” está en conflicto interno con los movimientos sociales. Y, en el concierto internacional, es cada vez más débil y menos creíble por el cúmulo de errores que atañen a la política internacional boliviana.
(clovisdiazf@gmail.com).
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