Caso denota que persiste la retardación de justicia

La retardación de justicia es un problema que el país no ha podido superar ni siquiera con el denominado proceso de cambio o la elección de las autoridades jerárquicas del Órgano Judicial. Prueba de ello es que a un año de la violencia ejercida por la Policía contra hombres, mujeres y niños del Tipnis, aún no se conoce quién dio la orden de la intervención ni existen responsabilidades establecidas con precisión.

Esta situación es innegable y la propia ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, reconoce que el problema de la retardación perjudica las investigaciones sobre el caso Chaparina.

“Estamos frente a una retardación de justicia, es importante que ustedes conozcan que no solamente es el caso de Chaparina sino son muchos otros casos que están completamente retrasados, porque este sistema que ha costado a los bolivianos más de 11 millones de dólares no ha funcionado”, manifestó.

En tanto, el Tribunal Supremo de Justicia, a través del magistrado Jorge Von Borries reconoció esta deficiencia procesal que sería responsabilidad del Ministerio Público que en un año no ha podido avanzar más allá de las indagaciones.

“Este era un caso importante en el que hay que llegar a un conocimiento, por eso, debían dejar otras causas y dedicarse a esto. Esperamos que con cambio de Fiscal o alguna relación de ese género se pueda apresurar esa investigación”, dijo Von Borries a Erbol.

La versión del Gobierno ratifica que se rompió la cadena de mando en algún momento desde que se pensó en intervenir la zona. El exviceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, aseguró que nunca hubo la orden de reprimir y que cuando se anotició de lo sucedido, inmediatamente se dio cita en la región. Tanto Farfán como el general Oscar Muñoz tienen imputación por el caso, pero las investigaciones quedaron empantanadas.