Rebeca Delgado (MAS):
“Ahora en el movimiento indígena veo que existen posiciones político partidarias, no hay unión en las demandas defensa del Tipnis, es un movimiento desgastado por los dirigentes que han insistido en un tema sin tener el consenso de sus bases. La represión que hubo en Chaparina nos trae malos recuerdos, y es un hecho que no puede quedar en la impunidad, porque lo peor que funciona en nuestro país es la administración de la justicia”.
Andrés Ortega (CN):
“El Gobierno se ha encargado de desgastar a este movimiento, de destruir su legitimidad, pero no lo ha logrado. De todas maneras, creemos que el movimiento indígena merece un escenario mucho más importante dada la desigualdad que ha sufrido a lo largo de la historia del país. Hay un retroceso pese a la base legal y difícilmente se van a poder resolver a lo largo del tiempo y que nos van a traer deudas a los próximos actores de la política del país”.
Juan del Granado (MSM):
“No se ha investigado nada pese a las denuncias y pruebas presentadas respecto a estos hechos. La impunidad ha llegado a premiar a dos de los principales responsables de los hechos delictivos. El coronel Víctor Maldonado, jefe de inteligencia en Chaparina, es el Comandante General de la Policía boliviana. Sacha Llorenti, exministro de Gobierno, directo responsable del accionar de la Policía, hoy es embajador de nuestro país ante las Naciones Unidas”.
Elizabeth Reyes (UN):
“Chaparina es la muestra perfecta de la impunidad en nuestro país y nos muestra la realidad de los derechos humanos. Sólo falta un proceso en el cual resulten culpables las víctimas. Ha pasado un año sin que ninguna autoridad haya podido devolver algo del respeto de los derechos de los pueblos indígenas. Lamentamos mucho esta impunidad y hoy queremos recordar un año de la impunidad masista frente al atropello de los derechos humanos”.
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