Gobierno y conflictos

Gobernar es poner en actividad lo mejor que tiene la persona elegida por la mayoría de una nación para dirigir el país, buscando a las mejores personas para asesorarse inteligente y ecuánimemente en relación con cualquier asunto de Estado; es mirar con ojo sabio el conjunto de la sociedad previendo los problemas que se puedan presentar, y buscarles solución antes de que se vuelvan conflicto , y cuando estallan, cuando el conflicto toma la calle, es dialogar franca y sinceramente lo más rápido que se pueda evitando su crecimiento; es respetar las leyes y hacer que se cumplan en bien de todos.

Gobernar, en suma, es buscar el bien común, el equilibrio de derechos y obligaciones para que todos salgan ganando en bienestar, en dignidad, en concordia. Todo ello requiere pensar en el otro antes que en uno mismo. Por eso, cuando los gobernantes conducen el país pensando en la ventaja política de favorecer a éste o a aquél sector que le ha de apoyar, y de esta manera, asegurar su permanencia en el Poder, están incumpliendo sus deberes, están atentando contra la paz del Estado e impidiendo su desarrollo, puesto que la intranquilidad y el desorden frenan la actividad productiva.

En los últimos días, La Paz ha vivido momentos de conmoción social debido a una más de las manifestaciones de protesta contra el Gobierno y, desgraciadamente, debemos lamentar la muerte de una persona. Hasta ahora ese conflicto sigue sin solución. ¿A qué se debe? ¿El conflicto por el conflicto ha de acelerar la lucha de clases y ha conseguir que algún partido o grupo mesiánico se haga del gobierno para imponer verticalmente la “democracia popular”, que desconoce las leyes en vigencia y considera al ser humano un mero instrumento de lucha política?

Por otra parte, los bolivianos hemos escuchado o leído con sorpresa e indignación la declaración del Sr. Ricardo Laruta informando que 40 comunidades campesinas que impidieron el ingreso de los encuestadores a su territorio en el TIPNIS, han privado al INE de que pueda actualizar la cartografía del censo, y por lo tanto no serán tomadas en cuenta en el próximo Censo nacional. Eso les ha de privar en el futuro “de aplicar políticas de carácter social y de distribución de ingresos como establece el Decreto 1.305”.

O sea el INE (o el Gobierno) las ha de ignorar por diez años, condenándolas a la discriminación político administrativa, en un Estado que hace poco ha estrenado una ley antidiscriminación, y, además, es el gobierno de los originarios de esta tierra. En este caso ¿qué hizo el INE en diez años para actualizar sus datos? ¿Únicamente ha trabajado en las ciudades descuidando el área rural? Es decir, ¿no ha cumplido sus funciones a cabalidad? Si esa declaración es sólo un criterio de dicho funcionario, éste ha usurpado funciones que no le competen, puesto que las decisiones políticas y administrativas son propias del Órgano Ejecutivo.

En ese caso ha cometido un delito y debe ser juzgado y sancionado; si, en cambio, detrás de esa declaración hay algún personero que quiere asustar a la población con presiones psicológicas, políticas, económicas, etc. es un desatino en el que no puede caer un gobierno democrático, sobre todo cuando afirma a los cuatro vientos que está empeñado en una lucha frontal, no sólo contra la pobreza sino que busca su total extirpación.

Las actitudes de cercar una población y amedrentarla, sin que la autoridad competente las sancione como corresponde, porque ese funcionario se hace el ciego y sordo, o que pobladores de alguna parte hagan justicia por sí mismos ignorando los tribunales competentes, nos está mostrando que nuestro país está al borde de la anarquía, si no ha caído ya en ella. Y ese es un crimen ante los hombres, la historia, que ha de juzgar esos hechos implacablemente, y ante Dios que les ha de preguntar ¿qué hiciste con tu hermano? Como a Caín.