Bloqueo, terrorismo que paraliza al país

Las últimas semanas del país han sido matizadas por las actitudes extremas protagonizadas por integrantes del cooperativismo minero y trabajadores asalariados de las minas; en ambos casos, los empresarios cooperativistas y los asalariados son componentes de la comunidad de Colquiri; por las dos partes las exigencias, con razones o sin ellas, demostraron posiciones radicales al reclamar soluciones al gobierno que, por su parte, hizo poco o nada por remediar el caso que ha degenerado en hechos totalmente contrarios al país: paralización de labores, enfrentamientos entre las partes, obstaculización de labores de ese centro minero, acciones desplegadas contra la ciudad de La Paz mediante manifestaciones, marchas, explosión de cachorros de dinamita, destrucción de parte del ornato público, amenazas, ultimatums y exigencias sin límite.

El gobierno, que desde los inicios del conflicto debió encontrar los mejores remedios, ha dejado pasar los días y hasta ha sugerido que “las partes arreglen sus diferencias” cuando, conforme a ley, son las autoridades las encargadas de conciliar, componer y solucionar problemas antes de que desencadenen en conflictos que han tenido características muy graves y las consecuencias las pagará, en mucho tiempo, el país.

El bloqueo, por principio, y desde siempre, recurra quien sea al mismo, es una de las peores expresiones del terrorismo porque desarticula la existencia de los pueblos, atenta contra la vida y derechos de las comunidades sin respetar sexo, edad, género o condición social de los componentes de la sociedad; obstaculiza el tránsito por carreteras, caminos, plazas, calles y toda vía de comunicación porque los protagonistas del hecho extremo se dan la facultad de destruirlo todo, de combatir contra todos y de perjudicar la vida y tranquilidad de las personas.

El bloqueo no respeta ni a sus propias familias porque la intervención de los bloqueadores en los extremos implica la angustia, preocupación e intranquilidad de padres, esposas, hijos y demás familiares que, en cualquier caso, esperarían la solución de cualesquiera diferencias mediante el diálogo, la concordia, la búsqueda conjunta de remedios a situaciones álgidas que, en sus consecuencias, perjudica a todas las partes que se hagan protagonistas de los problemas.

Bloquear es atentar contra el país, es traicionarlo y ponerlo en el filo de mayor pobreza, de paralizar toda labor productiva, es atentado contra la seguridad, vida y derechos de todos los componentes del país. Es, además, uno de los medios más contundentes para destruir carreteras, caminos y vías de acceso a pueblos y ciudades; es, en última instancia, atentar contra los propios derechos porque se afecta a la economía personal y colectiva ya que al despertar reacciones extremas de las personas, lo hace sin medir consecuencias que llegan a segar la vida de algunos protagonistas, causarles serias heridas y destruir toda esperanza de solución a problemas que, con intervención efectiva de las autoridades, se debió llegar a cauces ciertos de remedio a las situaciones problemáticas.

El caso de los mineros de Colquiri, es de convenir en que las partes si bien son diferentes en la forma de trabajo, puesto que los cooperativistas son empresarios y explotan minas de COMIBOL, utilizando y empleando trabajadores mineros porque ellos actúan en condición de patrones o empresarios; el otro extremo, mineros asalariados que están sujetos a la Ley General del Trabajo, aportan a la seguridad social y a fondos de jubilación, pagan impuestos y otras gabelas de ley aunque perciben bajos salarios, pero que, en este caso, buscan la reversión a COMIBOL de las minas entregadas para su trabajo a los cooperativistas y que, al estar en el mismo país, al ser bolivianos y empresarios quienes las explotan, no corresponde ninguna nacionalización o estatización.

El gobierno, en los últimos días convocó a reuniones; llevadas a cabo algunos de los encuentros, se tardó en conciliar soluciones y deposición de posiciones extremas en que primó el capricho, la voluntad y soberbia de quienes parecen alegar propiedad de lo que no les pertenece y exigían la satisfacción de todas sus peticiones sin tomar en cuenta los intereses de los mineros asalariados que no abandonaron fácilmente posiciones extremas porque creían defender derechos que nadie les da, como es el de crear situaciones de angustia a la población y formular ultimatums y exigencias que el gobierno, en su incapacidad de administrar la situación, no pudo conceder por no saber ni entender cómo arribar a soluciones.

Así, el país caminó por una convulsión que se produjo por causa de sus tres protagonistas, cooperativistas, mineros asalariados y autoridades que debieron prever situaciones difíciles y darles solución antes del estallido de conflictos cuyas consecuencias las pagará todo el pueblo.