Proyectos urbanos discriminan el derecho de las personas con discapacidad al libre tránsito

Las personas con capacidades diferentes, es uno de los sectores más discriminados, cuando llega el momento de ejecutar nuevas infraestructuras urbanas, en servicios públicos y privados. La ciudad simplemente no está pensada para la transitabilidad de esta población, porque no cuenta con terraplenes, rampas o barras de seguridad, para que este grupo humano pueda movilizarse con facilidad.

Por esta razón las personas con discapacidad, se convierten en una de las poblaciones más excluidas de la sociedad. “Las autoridades nacionales, regionales y municipales no velan por sus derechos y no atienden sus requerimientos básicos”, dijo la presidenta de la Fundación Inclusión en el Mundo (Fiem), Ilse Miranda.

En el caso de las entidades bancarias, dijo, la mayoría no cuentan con terraplenes, aspecto que afecta a las personas que no pueden transitar por sí mismas y deben recurrir a una silla de ruedas para movilizarse, por lo que necesariamente requieren de terraplenes para subir a las aceras, en calles y avenidas. “Muchas de estas personas no cuentan con acompañantes y por lo tanto no tienen a nadie para que les ayude a ingresar a los edificios, para realizar distintos trámites relacionados con la salud, transacciones bancarias y otros”, dijo la representante de esta entidad.

Miranda recordó que la mayoría de las edificaciones son similares, todas presentan distintos obstáculos, como gradas y otros desniveles, que hacen imposible la transitabilidad para este sector, por ejemplo “el edifico de Identificaciones, presenta graderías al ingreso a las oficinas centrales. Otros casos también se reflejan en restaurantes, centros de servicios, plazas y parques.

En ese marco la representante de la fundación planteó a los gobiernos municipales, implementar normativas para que las nuevas construcciones de infraestructuras sean adecuadas para las personas con capacidades alternativas y además sugirió dar un determinado plazo para que tanto las instituciones públicas como privadas adecuen sus infraestructuras para las personas con discapacidad.

“Necesitamos una normativa municipal que demande que toda construcción nueva debe hacerse con un enfoque de infraestructura inclusiva. Asimismo, deben plantearse plazos de 5 a 10 años, para que las edificaciones públicas y privadas existentes ajusten sus edificios a las necesidades de las personas con discapacidad, con la finalidad de coadyuvar al desarrollo social y las políticas públicas; esta iniciativa también debería extenderse para el resto de las empresas de servicios, como heladerías, salas cinematográficas, teatros, restaurantes, y otros”, afirmó.

Señaló, que si bien el Gobierno en los últimos seis años implementó algunos programas en beneficio de este sector, los mismos no han sido exitosos como en el caso de la carnetización, que del millón de personas sólo logró documentar a 80 mil personas.

“Evidentemente este grupo poblacional ha empezado un proceso de visibilización; el Gobierno ha iniciado algunos planes y acciones, pero con resultados pobres, como el programa de la carnetización y el programa Moto Méndez, este último no ha alcanzado ni siquiera al 10 por ciento de personas con capacidades especiales en cinco años, por lo que estos resultados sólo han permitido alcances mínimos”, señaló Miranda.