Jindal denuncia ingreso ilegal a sus instalaciones

El abogado de la empresa hindú Jindal Steel Bolivia (JSB), Jorge Valda, denunció que funcionarios de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), ingresaron a sus instalaciones el pasado 28 de septiembre, en la localidad de Puerto Suárez del departamento de Santa Cruz.

“Queremos hacer conocer que a partir del viernes funcionarios de la ESM, según una supuesta resolución de fiscalía y han ingresado a las oficinas de Jindal en Puerto Suárez, por lo cual en la fecha estarían avasallando de la forma más arbitraria las instalaciones”, dijo en conferencia de prensa.

Valda afirmó que los funcionarios de la ESM no tienen documentos oficiales del Ministerio Público que respalden un allanamiento a sus predios.

El abogado de la JSB anticipó el inicio de procesos judiciales, de orden nacional e internacional, contra los autores intelectuales y directos de la supuesta toma ilegal.

“Este extremo aún se está investigando, por lo cual no podemos determinar contra quienes se iniciar las acciones, pero quienes hayan ordenado, quienes hayan ingresado ilícitamente a la propiedad de Jindal, serán objeto de esta acción penal”, advirtió.

En agosto pasado, la EMS procedió a precintar las oficinas e instalaciones de Jindal en Santa Cruz y Puerto Suárez, asimismo se instruyó la militarización del yacimiento dado en concesión a la empresa.

El ministro de Minería, Mario Virreira, conminó a la empresa, a someterse a una auditoría para probar la inversión de 600 millones de dólares que supuestamente realizó en una primera fase del Proyecto Siderúrgico del Mutún.

Jindal, acusó al Gobierno boliviano de iniciar una campaña de desprestigio y difamación en su contra, para crear una cortina de humo sobre los incumplimientos del Estado a los términos del Contrato de Riesgo Compartido.

Los ejecutivos de JSB, en junio pasado, decidieron rescindir el contrato para la explotación de hierro del Mutún, luego que el Gobierno, a través de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), ejecutara dos boletas de garantía valoradas en 36 millones de dólares, además de iniciar un proceso judicial en contra de los empresarios y demandar una auditoría para comprobar el valor de la inversión realizada.

Jindal argumentó que el Gobierno incumplió con la provisión de 10 millones de metros cúbicos diarios de gas natural para el proyecto.