Desde hace alrededor de seis años, los organismos de gobierno estuvieron insistiendo en los temas de seguridad y soberanía alimentarias y ofreciendo, al mismo tiempo, grandes aumentos en la producción agrícola, rebaja de precios, suspensión de las importaciones, tecnificación de la agricultura, solución del problema agrario, industrialización de productos agropecuarios y muchas otras ventajas. Esos ofrecimientos eran más optimistas porque la economía nacional se fortaleció con grandes ingresos provenientes del aumento de los precios de las materias primas internacionales.
Sin embargo, pasados seis años de esas dulces palabras, el pueblo boliviano se encuentra con que está ocurriendo todo lo contrario y que la producción agropecuaria ha bajado, los precios de los alimentos suben de manera descontrolada, no se ha resuelto la cuestión agraria ni se ha cumplido el ofrecimiento de mejorar la producción y reducir las importaciones. En una palabra, nos encontramos frente a una dura realidad: han desaparecido la seguridad y la soberanía alimentarias.
Ese aspecto se comprueba al observar que ya no comemos pan de trigo boliviano, sino que, además, el pan nuestro de cada día se elabora con harina argentina que, por lo demás, ha sustituido a la harina americana que antes llegaba como regalo para el Estado, que la vendía para hacer con esos recursos económicos algunas obras públicas.
En efecto, las necesidades del pueblo boliviano (formado por 10 millones de personas) en lo que se refiere al trigo para elaboración de pan pasó, en los últimos seis años, de 600 mil toneladas a 720 mil toneladas al año, requerimiento que no es atendido con la producción nacional de ese grano que apenas llega a las 120 mil toneladas anuales. Esto quiere decir que el país registra un déficit de producción de trigo de 600 mil toneladas, cantidad que con el tiempo que pasa es más difícil de alcanzar.
Por la necesidad de trigo para la alimentación popular ese grano debe ser importado, o sea que ya no comemos pan de trigo nacional sino extranjero. Pero tampoco el problema se reduce a esos términos, sino que el Gobierno se ve obligado a importar más trigo, lo cual se convierte en un problema económico que se agrava día a día, pues el trigo importado sigue subiendo de precio.
Efectivamente, el precio del trigo ha subido en este año de 180 a 360 dólares la tonelada (con la posibilidad de llegar a 400 dólares), vale decir que el precio se ha triplicado, lo cual significa que las importaciones de trigo que hace el Gobierno este año llegarán a más de 200 millones de dólares.
Frente a esa dolorosa realidad, sólo se puede sacar la conclusión de que la agricultura nacional se ha ido a pique y que solamente tendremos que abastecer los mercados hogareños con alimentos de origen extranjero, a costa de las divisas que provienen del gas y la minería. Es más, no fue resuelto el problema agrario nacional y, por el contrario, ha sido agravado por una legislación que sólo fomenta el cultivo de la hoja de coca. En ese sentido, cada vez el problema agrario es más candente y las soluciones que proponen organismos oficiales agravan la situación, pues no pasan de ser ofrecimientos líricos.
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