En 2010 se registraron 13.553 casos de maltrato físico y psicológico hacia las personas de la tercera edad.
Las personas de la tercera edad afrontan constantemente la vulneración de sus derechos en el entorno de la sociedad y también al interior del núcleo familiar. Diariamente existen denuncias por agresiones físicas y psicológicas, informó la directora del Programa Bolivia Help Age Internacional, Patricia Amatller.
La representante de esta institución, a tiempo de manifestar que en Bolivia existe aproximadamente 740 mil personas adultas mayores de acuerdo con el último Censo en 2001, dijo que el año 2010 se registraron 13.553 casos de maltrato físico y psicológico hacia las personas de la tercera edad, además de casos de abandonos por parte de la familia, ya que en muchas oportunidades se hallaron ancianos extraviados en las calles.
“También existe maltrato a los adultos mayores en las instituciones y eso nos da una clara muestra de vulneración a los derechos de este sector; existe una gran cantidad de personas que están sufriendo maltrato y no tienen dónde acudir, no saben dónde quejarse; se debe tomar en cuenta que los centros de acogida son conocidas por pocas personas”, señaló.
De las denuncias de maltrato reportadas el 40 por ciento son del área rural y el 60 por ciento del área urbana; de ellos el 55 por ciento de las denuncias fueron hechas por mujeres y el 45 por ciento por varones.
Entre las normas que amparan a esta población, están los artículos 67, 68 y 69 de la Constitución Política del Estado (CPE), donde se manifiesta la protección integral. También existe la ley de Derechos y Privilegios, que establece descuentos en algunos servicios públicos, la Ley de Seguro de Salud Gratuito, la Ley de la Renta Universal de la Vejez y Gastos funerales; además del Decreto Supremo 264, que declara el 26 de agosto como el “Día de la Dignidad del Adulto Mayor en Bolivia”.
Amatller lamentó que la mayoría de estas normas vigentes no estén siendo aplicadas, como en el caso de la norma de Derechos y Privilegios que establece descuentos en impuestos, en los servicios básicos y también en el transporte de servicio público, que en su mayoría no son considerados.
“Los beneficios para este sector en su mayoría no se cumplen, en el caso de los descuentos de los pasajes terrestres, por ejemplo exigen requisitos que impiden que la disposición se cumpla; la misma suerte corren los otros decretos y normas, que en su mayoría no conocidos”, dijo.
Otro de los datos relevantes es que la mayor parte de esta población adulta, carece de recursos económicos para solventar sus principales necesidades de sobrevivencia, ya que el 70 por ciento viven en la pobreza y la problemática se refleja más en el área rural, donde el 72 por ciento se encuentra en pobreza crónica.
“Es muy importante que la sociedad en su conjunto tome conciencia de los derechos que tienen las personas adultas y debemos respetarlas como a cualquier ciudadano, no se los puede discriminar o excluir de sus derechos”, dijo Amatller.
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