Aunque, por un lado, los mineros asalariados de Colquiri y los trabajadores cooperativistas firmaron un acuerdo para explotar en forma conjunta la fabulosa veta Rosario y sus ramales en la mina Colquiri -avaluada en cinco mil millones de dólares- y proclamaron que “somos hermanos, queremos resolver este problema en paz, queremos volver como hermanos a Colquiri de la mano”, por otro han emergido nuevos problemas relacionados con la minería, los mismos que podrían enturdiar nuevamente la situación económica y política del país.
En efecto, un acuerdo inicial estableció que quedaba suspendida la reserva fiscal y anuladas las concesiones establecidas por el Gobierno, medida que estaban reclamando los cooperativistas desde tiempo atrás, aspectos en los que el Gobierno se vio obligado a ceder por presión de los cooperativistas que requieren nuevos yacimientos para continuar sus actividades.
La suspensión de la reserva minera fiscal determinará que aparezcan en dichas reservas otras numerosas cooperativas que harán explotaciones de bajo nivel empresarial y al mismo tiempo, como en otras, no pagarán impuestos, como dispuso el Gobierno para el conjunto de mineros de esta categoría. En efecto, el movimiento cooperativo se fortalecerá, sin tener en cuenta que la explotación de Colquiri les permitirá un notable desarrollo, acentuado por las altas cotizaciones de los minerales que, entre paréntesis, se mantendrán en los mismos niveles actuales, aunque con leves fluctuaciones.
Se anticipa, al respecto, que las cooperativas que se establecerán en las ex reservas fiscales explotarán yacimientos ya explorados, los mismos que se podrán agotar en algún tiempo, dejando túneles vacíos, así como campos y ciudades fantasmas. Se agrega que para la explotación de esos yacimientos previamente explorados, los cooperativistas no cumplen con una serie de disposiciones, como protección del ambiente, planimetría, etc.
Esos aspectos podrán determinar que en poco tiempo ya no existirán yacimientos explorados y no habrá qué explotar, produciendo, por tanto, un grave problema para el país y, naturalmente, el desempleo de cientos de trabajadores. Por lo demás, inclusive COMIBOL se encontrará en dificultades y hasta en peligro de extinción. Los únicos favorecidos por la suspensión de la reserva habrán sido los cooperativistas, aunque sólo en forma momentánea, dejando para el futuro una bomba de tiempo con la mecha encendida.
En realidad, en esa forma el país habrá dejado de tener yacimientos explorados y se tendrá que empezar de nuevo en la actividad minera, es decir -haciendo una referencia comparativa- que el país se encontrará como en 1825, cuando toda la minería había dejado de funcionar, se tenía que iniciar nuevas exploraciones, etc., aspectos que recién se dieron a partir de 1880, o sea décadas después.
Otro aspecto preocupante para el futuro es el referido al Código de Minería, que tarda en salir desde hace seis años y cuya aprobación no se vislumbra a corto plazo, lo cual seguirá dando dolores de cabeza tanto al Estado como a los centros mineros privados que todavía subsisten y algunos de los cuales ya están siendo amenazados por avasallamientos. En este sentido, aunque se anuncia que serán penalizadas tales acciones, pareciera que no será fácil de lograrlo, pues, de principio, los cooperativistas han anunciado inclusive que rechazan el decreto contra el uso de cargas de dinamita.
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