De machismos, realidades y otros desvaríos

Si bien es pertinente trasladar el tratamiento de la dudosa constitucionalidad del interinato presidencial, en este caso de la senadora Gabriela Montaño, al Tribunal Constitucional, no resisto la tentación de ejercer el derecho de opinar, no tanto sobre tan singular controversia, sino sobre sus repercusiones y los variopintos hechos que rodearon a la misma.

Desde mi punto de vista, no es un vacío normativo sino una disposición constitucional expresa aplicable a la ausencia temporal de Su Excelencia, la que restringe la sucesión transitoria a la investidura vicepresidencial, como tampoco parece suficiente el argumento del Reglamento Camaral sacado de la manga en medio de la discusión. Lo que pocos analistas anotaron es que esta disposición nació como una respuesta a los miedos oficiales producidos por la presencia de la oposición a la cabeza del Senado.

Fue en tiempos del accidentado debate constituyente y de la disputa entre Gobierno central y la oposición atrincherada en la media luna. En todo caso, constatamos una vez más, que en Bolivia al igual que otros países de frágil institucionalidad, las definiciones constitucionales están modeladas por aspectos coyunturales y por la incapacidad de cohabitar o compartir pluralmente con el adversario político.

Y es que resultó insólita la cadena de reacciones desproporcionadas asociadas a este evento, las cuales se suman a la galería de anécdotas plurinacionales. Es el caso de la estridente denuncia contra el Director de Radio Fides, a quien se lo sindicó de “sexista y sedicioso” por haber dado lectura del artículo pertinente del texto constitucional, sumándose a las interrogantes del momento y poniendo en duda la legalidad del interinato. ¿Se habría producido similar revuelo si “ella” era “él”?, seguro que sí, el tema era eminentemente jurídico y político, aunque hay que reconocer que la presencia excepcional de una mujer en ejercicio de la presidencia sirvió para visibilizarlo y forzar inadecuadamente su victimización.

No es la primera vez que ministras y viceministras salen en defensa de la posición oficial acusando de patriarcas y coloniales a los críticos del Gobierno. El espectáculo de la airada protesta, seguida de la reacción del bloque femenino de la oposición, reflejó excesos que, en lugar de contribuir a legitimar la ley contra la discriminación y la “violencia política sexista” o de otro tipo, la demerita y caricaturiza.

Paradójicamente, el polémico interinato coincidió con la también inédita amenaza de suspender a dos diputadas de la oposición, para con quienes los reclamos anti patriarcales no son tan benevolentes ni ecuánimes. Se trata de otra demostración de irrespeto a la libertad de opinión y de expresión. Todo indica que en tiempos de polarización y de acumulación de poder, son pocos los que tienen la licencia de pulverizar la presunción de inocencia, de insultar impunemente y “con toda humildad” al adversario.

Lamentablemente, esta onda discursiva es contagiosa, degenera en la banalización del debate político y exacerba la demanda de “lealtad” consustancial al autoritarismo machista de los caudillos, cuya erradicación demanda de menos espectáculo y torpeza punitiva, y de algo más de rebeldía e inteligencia persuasiva. ¿Acaso con sólo leyes y garrote conquistaremos la igualdad?

Seamos realistas, pese a los cambios en democracia, conviene no olvidar que los machismos pasean aún al ritmo de coplas, cuecas, cumbias villeras y hasta de rock; convivimos con ellos en la sociedad, en los cuarteles, en la plaza Murillo, en las pasarelas del poder político, del MAS, allá donde esté el alcalde Fernández y todos los demás.