Reforma Agraria boliviana

La Reforma Agraria en Bolivia, una de las medidas principales adoptadas por el gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), fue uno de los hechos trascendentales en la historia republicana. Su aprobación fue en agosto de 1953, y su aprobación formal se la hizo en la localidad de Ucureña, para darle un sentido de vinculación a una zona agrícola importante.

La medida estuvo dirigida a cumplir tres objetivos centrales: i) Proporcionar tierra labrantía a los campesinos que no la poseen o que la poseen muy escasa, con objeto de lograr una estructura de tenencia de la tierra más equitativa, como parte del proceso de “restituir a las comunidades indígenas las tierras que les fueron usurpadas”.

ii) Crear las condiciones para una mayor producción y productividad del sector agropecuario;

iii) Liberar a los trabajadores campesinos de su condición de siervos, proscribiendo los servicios u obligaciones personales gratuitas, modificando de esta manera las relaciones de producción.

Según un diagnóstico de la reforma, 50 años después de la promulgación de la ley (H. Zeballos H., Danilo Paz B., INRA, 2003), con base de datos del entonces Instituto Nacional de Reforma Agraria, gran parte de esas condiciones se había cumplido con la dotación de 93,18 millones de Has., 74% a beneficiarios campesinos, 9% entregas a Tierras Comunitarias de Origen (TCOs) y 17% a manos de propietarios privados vinculados a la agricultura comercial.

En 1996 se aprobó la Ley 1.715, el 18 de octubre se creó un nuevo marco institucional compuesto por el INRA, la Superintendencia Agraria, el Tribunal Agrario y las comisiones departamentales y nacional, que determinaba:

- Política de redistribución, reagrupamiento y redistribución de tierras priorizando pueblos y comunidades indígenas y originarias que no las posean suficientemente, según la vocación del suelo.

Y varias otras medidas, como saneamiento de la propiedad agraria.

Según informes oficiales del INRA, publicados en un artículo de un matutino local (30/09), falta más de un tercio de la tierra por sanear en el país y que en los últimos 16 años fueron saneados 62 millones de hectáreas, pero quedan por sanear 41,2% de hectáreas en el país.

Todo lo anterior es realmente absurdo, sucede que después de 59 años de vigencia de la Reforma Agraria en el país, el proceso no concluye y parecería que no concluirá en los próximos 50 años.

México, que fue el país de referencia para nuestra Ley Agraria, inició el proceso de Reforma Agraria con la Constitución de 1917. En 1992, con las Reformas al artículo 27 constitucional, dio por terminado el reparto agrario, gracias al cual el tema agrario se resuelve mediante el catastro y hay respeto a la propiedad privada, lo que ha impulsado el desarrollo agropecuario.

¿No deberíamos acabar con este proceso inacabable en materia de tierras, que genera incertidumbre en el sector productivo y se lo usa como instrumento político de acuerdo con las circunstancias? Seguiré próximamente con este tema debido a su importancia.