Desde hace tiempo hay anuncios del Gobierno en sentido de combatir al narcotráfico; con este motivo hizo varias incursiones con miras a decomisar droga, aunque las acciones no han sido todo lo enérgicas que el caso merecía. Sin embargo, esa lucha no se concreta por el lado de evitar mayores cultivos de coca, aunque, por otra parte, anuncia la erradicación de sembradíos excedentes.
Pero, en el fondo de todo, hay un problema que preocupa a la colectividad y que es objeto de la mirada del mundo: los bienes decomisados al narcotráfico, ya que no se conoce ni su monto ni sus valores ni el destino que se les ha dado desde hace décadas. Este es un caso que ha sido motivo de anuncios por todos los gobiernos, en sentido de informar pormenorizadamente, pero en los hechos nada se ha cumplido y, se supone por lógica, que el acumulo de ello, debe medir el tamaño de una montaña.
El problema, en la lucha contra la corrupción, es grave y el Gobierno, por su propia seguridad y tranquilidad, no puede dejarlo estancado; debe, en todo caso, establecer la realidad de todo ello y mostrar qué se hizo realmente: en muchos casos, se anunció que “todo está bajo la custodia de un juez”; sin embargo, nunca hubo algún juez que informe al respecto.
Por supuesto, las fuerzas encargadas de combatir al tráfico de drogas y proceder al decomiso de dinero y bienes, tampoco hicieron conocer algo y tanto UMOPAR como la FELCN han señalado que en los operativos “han sido decomisados kilos o quintales de cocaína, bienes y dinero”. Lamentablemente, todo quedó en dicha información y ha quedado en “status quo” porque nadie hizo algo, ni por la responsabilidad de los gobiernos por establecer claramente qué es lo que ocurrió.
Por principio, hay que pensar que entre las personas que caen con drogas, excedentes de coca, precursores y otros, se encuentra dinero (en bolivianos, dólares, euros, etc.); sin embargo, jamás se supo qué cantidad y qué destino tuvieron. Por otra parte, los decomisos se han referido a bienes inmuebles, propiedades agrícolas, aviones, avionetas, lanchas, ganado, muebles, vituallas y pertenencias de quienes se encontraban con drogas. La pregunta es: ¿cuál es la realidad de esos decomisos?
Es importante que si existe realmente la intención, el propósito y la misión de combatir efectivamente al narcotráfico, se informe en detalle sobre cuál es el dinero, las joyas y bienes decomisados al turbio negocio; no hacerlo querrá decir que hay intereses ocultos para mantener todo en el misterio, aunque eso implica que hay personas que se benefician con todo lo incautado. En otras palabras, no puede haber lucha sincera, honesta y responsable contra el negocio ilícito de las drogas si hay “ventanas abiertas a la corrupción”, como sería el caso de los bienes y fortunas que deben tener algún paradero o “beneficiarios” que gozan del usufructo de esos bienes.
El Gobierno tendrá que adoptar las medidas precisas para conocer el destino de todo esto; no hacerlo será consentir que el problema siga adelante y la corrupción adquiera dimensiones mayores a las que tiene desde hace muchos años y nada más que por la desidia, indiferencia o conveniencia de muchos gobiernos que no han sabido tratar el caso con la honestidad y la responsabilidad debidas.
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