El problema de la justicia

El presidente Morales parece estar convencido de que la justicia no camina por la senda de la legalidad procesal, y por ello señaló en una anterior oportunidad que había que iniciar una lucha contra la corrupción en el Poder Judicial y en la Policía boliviana.

Esa afirmación nos recuerda que en enero de 2007, cuando se daba inicio a las actividades del Poder Judicial en la entonces Corte Suprema de Justicia, en su discurso el presidente Evo Morales manifestó que el Poder Judicial era corrupto y había que extirpar esa lacra, anticipando que sería necesario un nuevo Poder Judicial, seguramente creyendo que sustituyendo a sus integrantes y eligiendo a otros encontraría la solución.

Pero después de dicha sustitución a través de unas elecciones no del todo legítimas, ahora nos encontramos con que algunas personalidades del gobierno del MAS dicen no tener confianza en la justicia, así como denostan contra algunos de sus miembros, cuando señalan que existirían intereses contrapuestos entre aquellas autoridades, porque en sus tareas no se ponen de acuerdo, al extremo de asumir posiciones antagónicas que nada bueno dicen de su formación académica.

Esas declaraciones no hacen sino descubrir y reconocer los errores en los que incurrieron los progenitores de muchos de los componentes que hoy ocupan la estructura del Órgano Judicial en nuestro país, y es una demostración de que muchos de ellos no deberían ser titulares, menos suplentes.

El Ministro de Gobierno no tuvo empacho en admitir su incredulidad en la justicia, así como un diputado nacional que observó, hace poco tiempo, los problemas que emergen de los intereses particulares en el seno de aquel estamento judicial.

Ambas declaraciones de carácter público determinan que no estuvimos equivocados, cuando en su momento denunciamos el mal reclutamiento hecho por aquel diputado nacional que, en su condición de abogado, obnubiló a las autoridades de su propio partido para hacerles incurrir en aquel error de apuntalar a postulantes, para posteriormente ser beneficiados con la aprobación de sus nombres y asegurar su nombramiento en aquella elección fallida, donde el mayor porcentaje de la población votó por el NO rotundo, aunque a la postre ilegítimamente la Asamblea Legislativa dio por válida dicha elección.

Es cierto que muchos de los componentes de este nuevo Órgano Judicial se encuentran sometidos a presiones del poder político, siendo una muestra inobjetable la última acción de varios jueces cautelares de la jurisdicción de Cochabamba que renunciaron a sus cargos, denunciando que lo hacían por la presencia precisamente de aquella presión política. En hora buena la conducta de dichas ex autoridades, que hacen defensa intransigente de la INDEPENDENCIA del Órgano Judicial, que es la permanente lucha de todos los bolivianos y en todos los tiempos.

Infelizmente, en la próxima designación del Fiscal General del Estado, seguramente se procederá de la misma manera que en el Órgano Judicial, anticipando entonces que el resultado será idéntico a lo que se observa en este organismo.

Para concluir, es necesario señalar que el Estado es una persona jurídica que tiene los mismos derechos y obligaciones que cualquier persona física o natural, y es en ese marco que los administradores de justicia deben actuar sin aspavientos, o sin someterse a los dictados del poder político que, por lo demás, es transitorio.

Es que es inadmisible que en un proceso donde el Estado es parte, se pretenda desconocer los derechos de la persona natural o física que también es parte del proceso, con el prurito de que si falla en contra del Estado puede ser sometido a una querella o denuncia, aunque el Estado no tenga la razón. Eso jamás fue posible en un Estado de Derecho, sí en un Estado dictatorial y de facto.

Bolivia se ha convertido en un Estado atrabiliario, y así se demuestra a partir del año 2008 con escenas como las de la Calancha en Chuquisaca, la muerte de un joven estudiante en Cochabamba, el caso del Porvenir en Pando, lo de Caranavi en Nor Yungas, el 25 de septiembre en Chaparina contra los hermanos indígenas del TIPNIS, en Yapacani en el departamento de Santa Cruz, culminando con la muerte del hermano minero Choque, sin tener en consideración lo indefensos que son nuestros hermanos que no tienen el apoyo del poder político de turno, pero la justicia continúa con los ojos vendados.

(El ejercicio del poder corrompe y su

sometimiento degrada).