Convocatoria para Fiscal: crisis reiterada, injusta e improcedente

La Asamblea Legislativa a través de la Comisión Mixta de Justicia Plural, luego de eludir pasos procedimentales en la elaboración de un reglamento que establezca los principios bases y procedimiento de preselección para postulantes, así como al viciar el sistema convirtiéndolo en centralizado y unilateral, sesgando al mismo tiempo la participación de la Comisión de Constitución y Sistema Electoral, ha convertido esta cita en nula e inconstitucional de pleno derecho. Remitió irreflexivamente a la Presidencia el informe de evaluación de los candidatos a Fiscal General del Estado, para que ésta última “elija” entre los aspirantes, desatendiendo finalmente el pedido de instituciones sociales y políticas de proceder a declarar desierta la señalada convocatoria pública, por sobreponer requisitos y características política partidarias antes que jurídicas.

Nadie está libre de cometer errores, afirma el Gobierno. Puede que sea la triste realidad, ya que el ser humano es el único animal capaz de tropezar dos veces con la misma piedra; conocemos, pues, que por su configuración nuestro cerebro condiciona la reiteración de conductas que serán calificadas socialmente como errores. El problema viene cuando nos damos cuenta del porqué de esta tozudez de cometer las mismas equivocaciones.

Las audiencias o interrogatorios de evaluación a profesionales, como en el presente caso, conforme normas internacionales, son procesadas regularmente por consultores y personal superlativo al examinado, en forma transparente y descentralizada. Las mismas tienen, además, como objetivo fundamental diagnosticar pautas y elaborar un dictamen o diagnóstico futuro del postulante, antes que la recepción de elementales preguntas obvias y preconcebidas. Permiten al mismo tiempo encontrar en el postulante áreas de posibles mejoras de pautas para el futuro desempeño de sus funciones. Es decir que se constituyen en el mundo actual en verdaderas estrategias de evaluación de la conducta humana, considerando particularmente la importancia de su futuro y su consciente desempeño.

A pesar de la paradoja se vuelve a incurrir, en este nuevo evento, en los defectos señalados en la anterior elección de magistrados, sometiendo y/o subalternizando a profesional antiguo de amplia trayectoria y experiencia legal, bajo la competencia de personal “investido” provisionalmente de prerrogativas extraordinarias y propenso al desacierto para decidir tan importante elección sin contar con la preparación y la idoneidad requerida. Esto provocará una vez más, desafortunadamente, no sólo el desprestigio del Poder Legislativo, sino principalmente el estigma del fracaso y la frustración de la sociedad, por su afán de recuperar la credibilidad de la ley y lograr una mejor administración de la Justicia.

Finalmente, no obstante lo señalado, creo que estamos a tiempo de reorientar el sentido del presente proceso electivo, en beneficio de la imparcialidad de la justicia boliviana.

El autor es abogado.