30 años de vida democrática

El día 10 de octubre de 1982 se pasó el poder político de la entonces República de Bolivia, del último gobierno militar que presidió el patriota general Guido Vildoso Calderón al doctor Hernán Siles Zuazo, que encabezó una alianza de partidos y grupos políticos de izquierda nacional e internacional de la mal recordada UDP. El período de gobiernos militares que se inició con el golpe de estado de los generales René Barrientos Ortuño y Alfredo Ovando Candia contra el gobierno constitucional de Víctor Paz Estenssoro, el 4 de noviembre de 1964, y que dio lugar al fin del proceso de la Revolución Nacional con la restauración “barrientista”, se agotó en octubre de 1982.

Han pasado 30 años en los que el país está viviendo en democracia, con sus luces y sombras, en los que los protagonistas -en los primeros 25 años- fueron los partidos y los políticos del sistema democrático liberal, y en estos últimos años, un esquema político de los movimientos sociales y grupos del marxismo socialista comunista, y corrientes indigenistas de corte fundamentalista, cercana en su accionar al fascismo corporativista y al populismo.

En este trienio de vida democrática -por lo menos en buena parte- los avances en cuanto a derechos y libertades han sido importantes, así como en el desarrollo social; se han cumplido los períodos de gobierno constitucionales, y la alternabilidad en el poder político del Estado; se ha encarado mejoras en la participación ciudadana, a través de la participación popular –hoy dejada de lado-; hubo concurrencia a las urnas para elegir al Gobierno nacional, al departamental y municipal en todo el país; la reforma educativa ha elevado el nivel académico de los docentes y mejorado otras variables del proceso educativo; se hizo reformas a la Constitución que modernizaron la vida nacional y sus instituciones; se introdujo reformas para una mejor descentralización administrativa; se destinó importantes recursos al fortalecimiento de las instituciones públicas; se amplió el espectro en cuanto a reservas hidrocarburíferas, con importantes inversiones externas, y se ejecutó algunas medidas para reordenar el agro y otras seguramente positivas, pero no se pudo eliminar la pobreza, la corrupción y el desempleo, y el crecimiento económico y desarrollo social fueron relativamente bajos. Además se creó una partidocracia que se anquilosó a sí misma y no se renovó ni en ideas ni liderazgo y, lo más negativo, no tuvo capacidad de ver lo que se orquestaba para el futuro.

La otra parte de este tiempo está marcada por el ascenso al poder del régimen de los cocaleros y los llamados movimientos sociales -hoy disminuidos al mínimo-, que captaron el voto del “cansancio del esquema anterior” y de las esperanzas por el cambio de visión de país, esperanzas que luego de siete años se han frustrado, debido a que el régimen sólo tiene un objetivo, la hegemonía del poder y permanecer en el mismo. Para esto ha hecho aprobar una Constitución a su medida, en medio de irregularidades y violencia; ha dividido al país entre t’aras y k’aras (con rasgos racistas); entre área rural y urbana; izquierdistas (ellos) y derechistas los demás (hay mayoría); el uso y abuso del poder ha sido la nota, con una política represiva y de violencia; el prebendalismo, la corrupción, el despilfarro, la persecución a través del Ministerio Público y la justicia, la permanente agresividad discursiva de las más altas autoridades de gobierno; la permanente incoherencia entre lo que se dice y se hace, son algunas -entre otras- conductas políticas del régimen, que se ha enfrentado con la Iglesia Católica, la prensa independiente, los profesionales y trabajadores de la salud, los indígenas originarios de tierras bajas, las clases medias y contra toda crítica a sus políticas, con el resultado de exiliados; autoridades elegidas por el voto presas hace años; militares privados de libertad; periodistas encarcelados; un senador de oposición refugiado en una legación diplomática; decenas de juicios planteados contra dirigentes opositores y, en fin, un rosario de excesos de poder que han liquidado las instituciones y el “estado de derecho”, al impulso de “le metemos nomás”.

Por otra parte, como nunca antes en la historia republicana, han ingresado millonarios recursos al país y en especial al Tesoro público, debido al elevado precio de las materias primas que exportamos, recursos que están siendo administrados irresponsablemente, con fábricas que no funcionan, compra de aviones, helicópteros, canchas de fútbol, satélite, entrega y reparto de cheques a autoridades municipales afines al régimen, millonarias campañas de propaganda política en los medios de comunicación (según informes el año 2011 se gastó ocho millones de dólares y más); adquisiciones millonarias, sin licitaciones ni convocatorias, en fin, otro rosario de excesos, mientras la pobreza lacera el corazón del pueblo, la corrupción daña su alma, y la inseguridad ciudadana agrede la vida y sosiego de la población.