Seguro para periodistas no debería afectar a medios de comunicación

Suman las voces que exigen consenso entre el Legislativo y los gremios periodísticos en torno a la aplicación de Seguro de Vida para periodistas, aprobado esta semana por la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados, entendiendo que este instrumento es necesario, pero que a su vez no debería afectar los intereses de los medios de comunicación ni de sus trabajadores.

En criterio del académico y periodista Renán Estenssoro, el Seguro de Vida contra accidentes y enfermedades para los trabajadores de medios de comunicación es necesario, pero urge generar mayor consenso en la forma de pago que estipula una confiscación de recursos a las empresas informativas, esto con el objetivo de no mermar los ingresos y que, a la vez, repercuta en los propios trabajadores.

De acuerdo al proyecto elaborado por el Ejecutivo, los medios de comunicación privados deberán aportar el 1 por ciento de su ingreso bruto mensual a un fondo común que será administrado por una entidad financiera que se seleccionará mediante convocatoria pública. Empero, existe una discriminación al determinar que los medios independientes y comunitarios aporten sólo un cuarto del monto exigido a los medios privados, es decir, el 0.25 por ciento.

La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) ya anticipó su rechazo a la forma en la que se pretende administrarán estos recursos, porque la fiscalización correrá por cuenta de un Consejo Directivo compuesto por once miembros, seis representantes de los ministerios del gobierno central y dos delegados de los propietarios de medios de comunicación, que podrían ser uno de los privados y otro de los comunitarios, además de tres representantes sindicales del gremio informativo.

“Nuevamente la ANP expresa su protesta porque el gobierno no acepta un diálogo, no genera consenso y rechaza las sugerencias presentadas por nuestra organización que agrupa a los medios impresos que tienen el mayor número de trabajadores y serán los más afectados, con un alto riesgo de cierre de fuentes de trabajo por la nueva imposición tributaria que se pretende crear”, cita un comunicado de la entidad.

La organización denunció que el Gobierno ejerce presión a los medios de comunicación al apresurar el trámite de una ley de Seguro de Vida para Periodistas, sin considerar las observaciones realizadas y con el riesgo de una alta discrecionalidad en la administración de los recursos financieros.

“Después de las recientes amenazas de juicio penal contra la Agencia de Noticias Fides (ANF) y los periódicos “El Diario” y “Página Siete”, y el anuncio de un proceso contra el director de Radio Fides, Eduardo Pérez, la apresurada gestión del proyecto de ley muestra una nueva forma de presión contra el trabajo independiente de periodistas y medios de comunicación”, agrega.

DATOS

- La composición del Consejo Directivo que fiscalizará los recursos cuenta con 11 miembros: un representante del Ministerio de Comunicación, un representante del Viceministerio de Políticas Comunicacionales, uno del Viceministerio de Gestión Comunicacional, dos representantes del ministerio de Trabajo, uno del Ministerio de Salud. Además otros cinco directivos de medios: dos de los propietarios de los medios de comunicación (no especifica si son de medios privados o comunitarios) y tres representantes de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia.