La mina Colquiri antes y después

Por su afán de mantener la alianza política con los cooperativistas mineros que según el presidente Evo Morales sobrepasan las cien mil personas, el Gobierno cedió a la presión de la Cooperativa 26 de Febrero para nacionalizar de manos privadas la ambicionada mina de Colquiri, creando un nuevo problema social que no tardó en explotar cuando los mineros asalariados de dicho distrito se vieron perjudicados por un claro favorecimiento a sus rivales cooperativistas, concesionarios de la mayor parte de la veta Rosario mediante el Decreto Supremo 1.337.

Consumada la reversión de la indicada mina, 400 peones dependientes de dicha Cooperativa optaron por su incorporación a la planilla de la misma mina, que sumados a otro tanto de asalariados que hasta entonces dependían de la empresa Sinchi Wayra, llegan casi a los 1.000 trabajadores. Para estos 400 ex cooperativistas significa tener mejores salarios, seguro médico, jubilación y beneficios sociales, conquistas de las que carecen los trabajadores de las cooperativas, convertidas en realidad en empresas que enriquecen a pocos y que casi nada aportan al Estado en concepto de impuestos a los que está obligado el resto de la minería.

En medio del conflicto que viene abarcando un mes, los sindicalizados exigían la nacionalización o estatización de toda la mina de Colquiri y, por consiguiente, la absorción por COMIBOL del resto de cooperativistas, medida que habría convertido en deficitaria a la mina en cuestión. Una propuesta como ésta revela que para ciertos sectores del rubro, la minería no es vista como fuente de ingresos estatales y basta con que sirva de fuente de trabajo y ese parece ser el destino minero en el país más pronto que tarde. En la nacionalizada Mallku Khota acaba de hacerse evidente el caso por la exigencia de los comunarios que en número de 1.000 demandan ser convertidos en mineros asalariados. Es que el choque no sólo es entre las cooperativas y los asalariados, sino entre éstos y los comunarios. Tampoco nadie exige adiestramiento previo y menos mano de obra calificada.

Volviendo a Colquiri, la confrontación se debió al Decreto Supremo 1.264 que incurrió en deficiencias técnicas acerca de delimitación de áreas, dando lugar a conflictos por accesos y parajes de trabajo como no tardó en ocurrir. La solución sobrevino precisamente por una mejor delimitación con un nuevo D. S. que acaba de ser sancionado y se espera esta vez que se trate con equidad a las partes.

Como se ve la solución no era difícil, pero se llegó a cobrar la vida de un minero, someter a La Paz a la incomunicación, al martirio de sus habitantes con abusivas explosiones de dinamita y enormes pérdidas a razón de 200.000 dólares por día. Entretanto los cooperativistas desataron un bloqueo nacional, aprovechando para lograr los 13 puntos que ya a comienzos de agosto el Gobierno les había habilitado.

Es más, lograron el levantamiento de las reservas fiscales en su exclusivo beneficio, coartando las expectativas de inversión que tanta falta hace a la minería, es decir, lograron mucho más que en los acuerdos de agosto pasado. Entre éstos se anota un Seguro Social a su favor, la reglamentación de la liberación del IVA de la que gozan, beneficios por la venta de oro al Banco Central y otros. Pero el más anecdótico es la inversión del Estado a favor de las cooperativas. Léase la adecuación de los parajes para que el sector se limite a explotar la riqueza minera sin inversión alguna. Sector verdaderamente privilegiado a cambio de votos.